En un contexto marcado por el intenso debate sobre la inmigración en España, el partido Vox ha presentado una propuesta formal en el Congreso de los Diputados que plantea una serie de medidas severas dirigidas a limitar y auditar la nacionalidad y las ayudas sociales para inmigrantes. La iniciativa busca provocar un amplio debate en el Pleno sobre la política migratoria del Gobierno, con un enfoque particular en la regularización y las asistencias sociales que reciben los extranjeros no documentados.

Según la información que ha llegado a nuestras manos, Vox demanda la implementación de un proceso de "remigración" para aquellos inmigrantes que han ingresado al país de forma irregular y que, según su perspectiva, deben ser excluidos de cualquier tipo de apoyo social o servicio público. Esta propuesta hace énfasis en la necesidad de garantizar que la asistencia estatal beneficie primero a los españoles.

Además, la organización liderada por Santiago Abascal ha propuesto que cualquier inmigrante, independientemente de su estatus legal, que incurra en delitos graves o que se dedique a actividades delictivas, sea también objeto de esta "remigración". La argumentación incluye la integración cultural como factor determinante para la permanencia en el país, sugiriendo que aquellos que no se adapten a la cultura española deban enfrentar consecuencias serias.

En un acto de extrema reivindicación, Vox ha pedido al Gobierno la realización de auditorías detalladas sobre las concesiones de nacionalidad llevadas a cabo en los últimos años, con el objetivo de identificar posibles fraudes y revocar las nacionalidades otorgadas de manera ilícita. Esto se alinea con su deseo de eliminar el arraigo como mecanismo que permite la regularización de aquellos llegados de forma irregular.

La propuesta también incluye demandas para establecer una "prioridad nacional" en el acceso a recursos sociales, abogando por que solo aquellos que hayan contribuido significativamente al sistema económico puedan acceder a los servicios públicos. Vox considera que el acceso a estos servicios debería depender de la duración de la cotización de los inmigrantes legales, lo que suscita un importante debate sobre la equidad social y la responsabilidad compartida.

Continuando con su retórica crítica, Vox ha manifestado la necesidad de eliminar las políticas que ellos califican como “efecto llamada”, responsabilizando a estas de provocar situaciones peligrosas para muchos migrantes que se aventuran hacia Europa en busca de una vida mejor. Esta postura busca abordar las tragedias humanas que a menudo rodean las rutas migratorias en el continente.

Vox también ha propuesto incentivos fiscales destinados a promover la contratación de trabajadores españoles, al mismo tiempo que reclama un enfoque de reciprocidad a nivel internacional para proteger el empleo local. Estas medidas apuntan a dar prioridad a los españoles en el mercado laboral mientras se establecen restricciones en la contratación de extranjeros en países que no faciliten la integración de ciudadanos españoles en su mercado laboral.

La iniciativa sugiere que el país debe adoptar una política migratoria coherente y ordenada, adaptada a las necesidades económicas de España y con un compromiso explícito hacia la integración cultural y social, con la finalidad de resguardar el bienestar de los ciudadanos españoles.

Por último, respecto al acceso a la vivienda, Vox propone implementar un régimen fiscal que desincentive la inversión extranjera en este sector, argumentando que esto permitirá proteger los intereses de los ciudadanos españoles. Los fondos obtenidos de esta fiscalidad especial estarían destinados a financiar ayudas para jóvenes españoles y a la construcción de vivienda protegida, acceso que se limitaría exclusivamente a ellos.