Yolanda Díaz se enfrenta a varios retos en su nueva legislatura como ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Entre estos desafíos se encuentra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la reforma del despido para adecuarse a la legislación europea y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por ley.

Díaz, líder de Sumar, es una abogada laboralista que proviene de una familia sindicalista y ha ocupado diversos cargos institucionales desde 2003. Inició su carrera política a nivel autonómico en Galicia, donde logró un escaño en la Xunta en el año 2012. Posteriormente dio el salto a la política nacional en 2015, obteniendo un escaño en el Congreso. Desde entonces, se ha convertido en una de las figuras clave en temas como empleo e industria.

Como negociadora "infatigable", Díaz logró sacar adelante varias reformas laborales en la pasada legislatura con el consenso de los agentes sociales. Ahora, se enfrenta a nuevos desafíos en esta nueva legislatura. Uno de los principales objetivos es la reducción progresiva de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial. Además, se buscará una nueva regulación del despido que se ajuste a la legislación europea y se continuará con el aumento del SMI para asegurar su poder adquisitivo.

En el ámbito de la protección por desempleo, Díaz también se compromete a reformar el nivel asistencial para facilitar el acceso y la compatibilidad de los subsidios con el trabajo, además de dotar de prestaciones suficientes y reforzar los incentivos al empleo.

En el acuerdo PSOE-Sumar, también se incluyen otros compromisos como la aprobación de una Ley de Usos del Tiempo, una ley de impulso a la Economía Social y el Estatuto del Becario, que quedaron pendientes en la anterior legislatura.

En cuanto a la participación de los trabajadores en el ámbito empresarial, se buscará una mayor representatividad de las pymes en el diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional. También se actualizará la representatividad de los autónomos y se impulsará una ley de participación institucional que regule la presencia de los agentes sociales en los distintos órganos gubernamentales.

Además de los compromisos del acuerdo PSOE-Sumar, Díaz también deberá gestionar el compromiso de Sánchez con el PNV de establecer la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales, un asunto que ya se discutió en la pasada legislatura.