La reciente controversia desatada por audios filtrados de Leire Díez, una militante del PSOE, ha suscitado serias preocupaciones en el ámbito político. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado la situación como de una “gravedad máxima”. En su intervención, Díaz ha hecho un llamado a la acción, enfatizando la necesidad de adoptar medidas que fortalezcan la regeneración democrática en España.

En declaraciones a los medios de comunicación después de su participación en el foro ‘CREO 2025’, Díaz ha subrayado que las grabaciones en cuestión, donde Díez supuestamente ofrece acuerdos a cambio de información sensible sobre un alto mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, son “totalmente inaceptables”. La vicepresidenta ha requerido “contundencia” y la inmediata depuración de responsabilidades, independientemente de las dinámicas internas del PSOE.

La ministra ha reconocido la gravedad de los alegatos, afirmando que de confirmarse, estos incidentes son “faltas serias” que afectan la integridad de la democracia en el país. Díaz ha insistido en que es esencial investigar a fondo y establecer las responsabilidades pertinentes. Su declaración se alinea con la preocupación expresada por Izquierda Unida, que calificó la filtración como un “bochorno público” tras la publicación de los audios por 'El Confidencial'.

Aunque la dirección de Sumar había mantenido un perfil bajo en relación a este escándalo, los comentarios de Díaz marcan un cambio significativo en la postura del partido. Efectivamente, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, y la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, habían evitado emitir juicios, argumentando que no era apropiado discutir sobre conversaciones privadas.

La vicepresidenta destacó que España se enfrenta a una necesidad urgente de regeneración democrática, haciendo eco de la importancia de tomar acciones concretas en esta dirección. Recordó que tras el caso Koldo, Sumar propuso un paquete de medidas orientadas a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que incluye la creación de un consejo para la prevención de la corrupción, la regulación de los lobbies y la limitación de los aforamientos.

En su discurso, Díaz subrayó que tales reformas son claves para alinear la política con las expectativas ciudadanas y contribuir a la construcción de un Estado más transparente. Si bien reafirmó su compromiso con una “tolerancia cero” hacia la corrupción, también abogó por evitar caer en la retórica del “y tú más”, manteniendo un enfoque claro y directo en la rendición de cuentas.

Por último, Díaz defendió con firmeza a las instituciones, en particular a la UCO, durante su intervención en el foro, resaltando que cualquier ataque contra estas no hace más que alimentar los discursos de la extrema derecha, que buscan socavar la confianza en el sector público. Esta postura es fundamental para frenar la erosión democrática y garantizar que las instituciones cumplan su papel esencial en la sociedad.