En el contexto del debate legislativo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido con firmeza el proyecto de ley destinado a fortalecer la Economía Social, enfrentándose a la enmienda a la totalidad propuesta por Vox, que busca devolver este importante texto. Díaz subrayó que este no es un proyecto improvisado, sino el resultado de un proceso legislativo bien fundamentado y colaborativo.

Durante su intervención en el Congreso, la ministra denunció la obsesión de la formación liderada por Santiago Abascal con la igualdad, afirmando que su resistencia a los avances sociales revela una postura retrógrada. "Les incomoda que busquemos una sociedad más justa y equitativa, donde la lucha por los derechos y la igualdad de género sea una prioridad", añadió, enfatizando la relevancia de la normativa en discusión.

Díaz también hizo hincapié en la participación activa del sector de la economía social durante la fase de consulta pública, señalando que fueron ellos quienes propusieron medidas clave orientadas a promover la igualdad de género, como un equilibrio en la representación dentro de los órganos de decisión. "Este proyecto es el resultado de un consenso real con las entidades involucradas y no un capricho del gobierno", afirmó con convicción.

En su crítica a Vox, Díaz describió un patrón repetitivo en su oposición, que persiste independientemente del ámbito de la legislación tratada, ya sea agricultura, ciencia o empleo. "Parece que para ustedes, cualquier normativa que promueva la igualdad es vista como una amenaza, lo cual es preocupante", constató la ministra, insistiendo en que el proyecto no tiene intenciones ideológicas perjudiciales, sino que busca un avance en la justicia social.

Además, acusó a Vox de mantener una postura negativa hacia los colectivos vulnerables, destacando que la discusión sobre la inclusión de estas minorías no debería ser objeto de controversia: "Es desconcertante que cuestionen la atención a las víctimas de violencia machista. ¿Acaso eso no es fundamental?", cuestionó.

Por otro lado, la ministra destacó la intención de llevar este proyecto de ley al Consejo de Fomento de la Economía Social, un cuerpo que, tras años de inactividad, vuelve a ocupar un lugar central en la conversación sobre el desarrollo económico y social del país.

Desde el lado de Vox, el diputado Carlos Hernández reconoció que el proyecto incluye aspectos positivos, pero argumentó que estos se ven opacados por otros elementos que generan desconfianza. Hernández criticó la insistencia en planes de igualdad y medidas inclusivas en las cooperativas, sugiriendo que esas exigencias no se aplican de la misma manera a las grandes estructuras de poder político.

La crítica se centró en la supuesta doble moral del gobierno, el cual, sostiene Hernández, responsabiliza a las cooperativas locales de abordar el machismo en sus estructuras cuando no lo hace con los partidos políticos que forman parte de su misma coalición.

Los representantes de Vox continúan insistiendo en que este proyecto es una injerencia que amenaza la libertad e independencia del sector de la economía social, un pilar que consideran fundamentalmente autónomo y que no debe ser objeto de imposiciones ideológicas.

En el debate, la diputada del Partido Popular también emitió su rechazo hacia la postura de Vox, subrayando que esta enmienda plantea un riesgo significativo al excluir de la protección de la economía social a miles de centros de empleo que representan un sustancial número de empleos para personas con discapacidad.

Mientras tanto, otras formaciones políticas, como el PSOE y Sumar, catalogaron las críticas de Vox como vacías e infundadas, argumentando que el sector de la economía social es vital para la cohesión social del país. La diputada Elisa Garrido subrayó la importancia de estas empresas en el deleite económico nacional como parte integral de su tejido empresarial.

Desde ERC, se criticó la falta de alternativas por parte de Vox y se reiteró que su rechazo a la economía social refleja un rechazo más amplio hacia los principios de cooperación y solidaridad. A su vez, la diputada del PNV sostuvo que la falta de base jurídica en la postura de Vox pone de relieve la necesidad de un enfoque mesurado y basado en el diálogo con el sector afectado.