En una medida sin precedentes, la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales, acordada en el pacto de investidura entre el PNV y el PSOE en diciembre de 2023, entrará en vigor mañana. Esto se dio a conocer tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la reforma del subsidio por desempleo que incluye esta disposición.

Esta prevalencia de los convenios autonómicos, que fue parte del pacto de investidura, había estado en vigor hasta que la primera reforma del subsidio por desempleo que la incluía decayó el 10 de enero. Esta reforma no pudo ser convalidada en el Congreso debido a los votos en contra de Podemos, PP y Vox.

La condición para que los convenios autonómicos tengan prevalencia sobre los sectoriales y estatales es que ofrezcan condiciones más favorables para los trabajadores y cuenten con el respaldo de las mayorías requeridas para constituir la comisión negociadora.

De la misma manera, los convenios colectivos provinciales tendrán prioridad aplicativa cuando así lo establezcan los acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico y su regulación sea más favorable para los trabajadores que la de los convenios estatales.

Existen materias no negociables en ambos ámbitos, autonómico y provincial, entre las que se incluyen el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.

A pesar de que la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales se excluyó de la reforma laboral de 2021, este punto se incluyó en el acuerdo entre los nacionalistas y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

Organizaciones como CCOO, UGT, CEOE y Cepyme han expresado su desacuerdo con esta medida, advirtiendo que atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional y va en contra de los esfuerzos en Europa para reforzar la competitividad.

CCOO lamentó que el Ministerio de Trabajo haya decidido regular este aspecto sin consultar a los agentes sociales, mientras que UGT destacó que este tema debería haber pasado por el diálogo social por su importancia y naturaleza esencial en la actividad sindical.

En definitiva, esta medida ha generado controversia y ha puesto de manifiesto la falta de consenso en un tema tan crucial como es la prioridad de los convenios autonómicos en el ámbito laboral.