El Ministerio de Justicia ha solicitado al Poder Judicial que convoque con antelación una reunión para supervisar la transferencia de competencias en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, a raíz de la implementación de una nueva normativa que amplía su ámbito de actuación.

En Madrid, a partir del 2 de octubre, los delitos contra la libertad sexual y la trata de seres humanos que afecten a mujeres serán gestionados por estos juzgados, que hasta ahora solo se encargaban de la violencia de género en relaciones de pareja. Este cambio es parte de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que busca alinearse con el Convenio de Estambul, ratificado por España, que establece la necesidad de especialización judicial en casos de violencia contra la mujer.

Sin embargo, cabe aclarar que los juzgados de Violencia sobre la Mujer solo tomarán en cuenta los casos que ocurran a partir de este viernes. Los procesos en curso continuarán en sus juzgados originales, según han informado fuentes del Ministerio de Justicia.

El cambio de competencias pretende ofrecer una mejor atención a las víctimas, aportando un enfoque integral de género y garantizando que los jueces estén capacitados específicamente en igualdad para evitar la revictimización. El Ministerio de la Presidencia ha enfatizado que se busca una justicia más humana y accesible, una iniciativa promovida por Félix Bolaños, actual ministro.

Para hacer frente a la carga adicional de trabajo estimada en un 12,9%, el Gobierno aprobó la creación de 50 nuevas plazas judiciales el 3 de junio, lo que representa un 42% más en la plantilla dedicada a la violencia sobre la mujer.

Mientras se incorporan estos 50 nuevos jueces, el Ministerio de Justicia ha anunciado que se implementarán refuerzos temporales en los juzgados, ya habiendo autorizado 15 medidas para apoyar a 25 de ellos hasta el momento.

Además, el Ministerio ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que reactive el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, inactivo desde febrero, para monitorizar la adopción de estas nuevas competencias y asegurar la cooperación entre todos los actores involucrados en este procedimiento.

A través de una carta de Manuel Olmedo al Observatorio, se destaca la necesidad de seguir el incremento de trabajo y asegura que la creación de nuevas plazas judiciales es esencial para mantener un servicio eficiente, con la posibilidad de alcanzar un aumento del 47% en los próximos meses gracias a planes adicionales.

A pesar de estos esfuerzos, algunos jueces advierten que la ampliación de competencias podría llevar a un colapso. Aseguran que el número de plazas creadas no es suficiente y que el aumento del 50% en la plantilla anunciado por el Ministerio es una promesa incumplida. Reciben este cambio con preocupación, pues temen que se deterioren la calidad y la rapidez en la atención a las víctimas.

Magistrados de los juzgados de violencia sobre la mujer han manifestado temores sobre las repercusiones negativas de esta reforma, apuntando que esta podría resultar en una sobrecarga considerable, lo que comprometería el compromiso de ofrecer una atención adecuada a las víctimas.

Verónica Ponte, jueza de instrucción y integrante de la asociación judicial Francisco de Vitoria, ha expresado que no hay justificación para que los juzgados de instrucción no manejen casos de violencia de género. Según ella, la empatía necesaria para tratar con las víctimas no es un obstáculo y, aunque reconoce que el cambio podría aliviar la carga de trabajo de algunos jueces, cuestiona la efectividad de la reforma en su conjunto. “No se puede sacrificar la atención adecuada a las víctimas en nombre de la eficiencia”, concluyó.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha lanzado un aviso sobre el riesgo de un “grave colapso” en los juzgados de violencia sobre la mujer debido al aumento de competencias, subrayando que no se han asignado recursos suficientes para equilibrar la carga de trabajo. La falta de personal de apoyo para los magistrados podría obstaculizar la eficacia de la justicia en un área donde la rapidez y eficiencia son cruciales para la protección de las víctimas.