Víctor de Aldama, el implicado en la polémica del 'caso Koldo', ha decidido llevar su desacuerdo ante la justicia. Este martes, presentó una demanda de conciliación en los juzgados de Madrid, buscando una compensación de 250.000 euros de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien responsabiliza de llamarle “presunto delincuente” y de expresar su “convicción” de que regresará a prisión.

En su demanda, De Aldama exige que Montero realice una retractación pública de sus declaraciones hechas en el programa 'Lo de Évole', donde el 16 de marzo hizo estas afirmaciones que él considera “injuriosas”. Además, solicita que esta retractación se lleve a cabo de la misma manera en que se emitieron sus comentarios originales.

El empresario alerta que de no alcanzarse un acuerdo en la conciliación, interpondrá una querella por lo que considera un delito de injurias con publicidad en contra de la ministra. En el documento presentado, De Aldama critica que Montero le haya etiquetado como “delincuente” de forma directa, aunque haya utilizado la palabra “presunto” de manera irónica.

Asimismo, cuestiona su afirmación de que está segura de su regreso a la cárcel, señalando que esta declaración se produce dentro del contexto de un procedimiento judicial en el que el Ministerio de Hacienda, dirigido por ella, sería parte interesada, dado que la investigación que la involucra se originó en un estudio de la Agencia Tributaria.

La investigación se centra en un presunto fraude de IVA relacionado con hidrocarburos, con De Aldama como principal sospechoso. Este caso fue la razón por la que fue arrestado en octubre, aunque fue liberado en noviembre gracias a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, tras declarar como investigado en el 'caso Koldo', que examina aparentes irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario y de obras públicas.

El empresario sostiene que la vicepresidenta ha incumplido sus responsabilidades como alto funcionario del Estado, ya que debe respetar el derecho a la presunción de inocencia. Además, acusa a Montero de haber transmitido prejuicios de culpabilidad hacia él mediante sus declaraciones en un medio de comunicación masivo.

En el documento presentado por su abogado, José Antonio Choclán, se menciona que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que cuando los poderes públicos vulneran la presunción de inocencia, como se alega en este caso, se lesiona el honor y la reputación de la persona acusada o investigada.