En un giro trascendental en el caso Koldo, la defensa del presunto intermediario ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo español que plantea serias acusaciones contra el exministro José Luis Ábalos. Este documento, que ha sido destacado por 'El Mundo' y confirmado por fuentes jurídicas a Europa Press, detalla un acuerdo en el que Ábalos supuestamente aceptó recibir un lujoso piso en el Paseo de la Castellana, valorado en 1,9 millones de euros, a cambio de asegurar contratos "preadjudicados".

Según la información citada, el presunto intermediario ha revelado que, junto a Ábalos, proyectó una operación que implicaba adquirir el inmueble mencionado sin coste alguno. Esta maniobra se diseñó como una "garantía" para que el exministro pudiera asegurar el cumplimiento de compromisos por parte de diferentes constructoras, las cuales tendrían que pagar comisiones si ganaban ciertos contratos públicos.

El documento especifica que el contrato se formalizó el 24 de abril de 2019, estableciendo un arrendamiento con opción de compra que finalizaba el 14 de febrero de 2024. Este acuerdo, según se indica, ofrecía a Ábalos la posibilidad de cobrar comisiones futuras de forma garantizada. Sin embargo, el escrito aclara que una vez que se cumplían las condiciones establecidas, el contrato quedaba sin efecto y no se ejecutaba, señalando que el inmueble jamás fue ocupada por el exministro.

Además, el artículo de 'El Mundo' destaca que el texto de la defensa reitera las declaraciones previas del acusado ante el juez de la Audiencia Nacional, donde afirmó que la suma solicitada por Ábalos en concepto de comisiones se acercaba a los dos millones de euros. Asimismo, resalta que estas comisiones no estaban limitadas únicamente a la adjudicación de un contrato relacionado con material sanitario para la empresa Soluciones de Gestión.

El escándalo en torno a estas revelaciones plantea interrogantes significativos sobre la ética y la transparencia en la gestión pública, lo que ha generado un amplio debate en la esfera política y social de España. La evolución de este caso podría ocasionar repercusiones importantes en la imagen del exministro y en la percepción de la integridad del sistema de contratación pública.