La senadora del PP, Emma Buj, ha lanzado graves acusaciones contra el Gobierno, sugiriendo que se están tomando represalias laborales contra los empleados que denunciaron una supuesta fiesta organizada por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

En una sesión del Senado, la ministra portavoz, Pilar Alegría, reveló que el expresidente del PP, Pablo Casado, fue el único miembro del partido que se mostró solidario con ella tras una ardiente campaña de descalificaciones orquestada por el PP, derivada del episodio en el Parador de Teruel, donde también estuvo presente durante algunos días.

La ministra defendió su posición al responder a Buj, quien inquirió sobre el conocimiento del Gobierno acerca de la fiesta "salvaje" supuestamente celebrada por Ábalos en septiembre de 2020, en plena crisis pandémica. Alegría reiteró que tales acusaciones son infundadas y subrayó que la campaña de desprestigio en su contra fue iniciada por perfiles anónimos en redes sociales, lamentando que el PP de Aragón fuera quien activara esta estrategia de odio.

Alegría expresó que recibió apoyo de diversos líderes de diferentes formaciones políticas, salvo del PP, al que criticó por su falta de sinceridad y claridad. A pesar de la hostilidad, destacó el mensaje de aliento enviado por Casado, quien fue objeto de críticas internas por intentar señalar la corrupción dentro de su propio partido.

La ministra adoptó una postura desafiante, afirmando que no permitiría que esta campaña de desprestigio la intimidara. Aseguró que su compromiso es firme y que la oposición debería reflexionar sobre su capacidad para gobernar tras haber gestado tal situación.

Al ser cuestionada sobre la implicación de Koldo García, exasesor de Ábalos, en dichas acusaciones, Alegría reafirmó su negación y apuntó que la insistencia del PP en este asunto demuestra una actitud malintencionada ante el escándalo.

Por su parte, Buj descalificó las respuestas del Gobierno como confusas y, aludiendo a un comunicado de Paradores, señaló que aunque se negaron los daños materiales, las circunstancias verdaderas seguían sin aclararse debido a un escudo de confidencialidad.

La senadora criticó la dilación en la publicación del comunicado, sugiriendo que fue emitido bajo la presión de una supuesta "ley del silencio" impuesta a los empleados que informaron sobre lo sucedido, afirmando que la amenaza era por violar esa confidencialidad y no porque hubiesen mentido.

En un tono provocador, Buj cuestionó la ética del PP, comparándolo con organizaciones mafiosas y retó a Alegría a elegir entre respaldar a esos trabajadores amenazados o a Ábalos y García.

Finalmente, Alegría reiteró que no existe evidencia ni informes oficiales que respalden las acusaciones del PP y recordó a la senadora que la búsqueda de la verdad no parece interesarle, ya que el partido se niega a aceptar la realidad de lo sucedido recientemente en Valencia, mientras se obsesiona con un incidente de hace varios años.