En un acontecimiento judicial que marca un hito en la política colombiana, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda ha dictado una sentencia que condena al exmandatario Álvaro Uribe, quien ocupó la presidencia de Colombia entre 2002 y 2010, a un régimen de doce años de prisión domiciliaria. Esta decisión se produce tras su culpabilidad por soborno de testigos y fraude procesal, delitos relacionados con un caso que se remonta a 2012.

La magistrada, al emitir su fallo, también decidió inhabilitar a Uribe por más de ocho años para ejercer cargos públicos, además de imponerle una multa considerable que equivale a 2.420 salarios mínimos legales mensuales, reflejando la seriedad de los delitos por los que ha sido sancionado.

Los orígenes del caso se encuentran en una denuncia presentada por Uribe en 2012, donde acusó al senador Iván Cepeda de orquestar una campaña de desinformación desde las cárceles, utilizando testimonios falsos para dañar su reputación. Sin embargo, a medida que se presentaron las pruebas, se reveló que los intentos de Uribe por desacreditar a Cepeda se habían vuelto en su contra, convirtiendo al denunciante en objeto de la investigación y al senador en una víctima del intento de manipulación.