SEVILLA, 16 de abril.

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, así como portavoz del Gobierno andaluz, ha comunicado hoy que la administración liderada por Juan Manuel Moreno está decidida a luchar contra la decisión del Ministerio de Fomento de retirar la financiación destinada al bono de transporte para los menores de 14 años. Esta medida, contemplada en el Real Decreto-ley 1/2025, se basa en la supuesta falta de aviso por parte de la Junta sobre el carácter estatal de la ayuda.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, España ha subrayado que la Junta tomará todas las acciones legales necesarias, aunque no especificó cuáles, mientras que un día antes, su colega de Fomento, Rocío Díaz, había insinuado la posibilidad de incluso acciones penales contra el gobierno central, una idea que España no ha desarrollado más en esta ocasión.

La consejera criticó lo que considera un nuevo agravio al pueblo andaluz por parte del ministro Óscar Puente, afirmando que no tolerarán "chulerías" de su parte. Asegura que la revocación de esta ayuda afectará negativamente a aproximadamente 1,2 millones de jóvenes en Andalucía, destacando que se está atacando su bienestar.

Rechazando la intimidación del ministro Puente, España ha reiterado su compromiso de no quedarse de brazos cruzados y ha indicado que se ha activado el equipo jurídico de la Junta para evaluar la situación y llevar el caso a los tribunales, si es necesario.

España no se detuvo ahí y extendió sus críticas hacia María Jesús Montero, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE en Andalucía. Le instó a frenar al ministro Puente y a que no se convierta en cómplice de lo que considera un ataque a los derechos de los jóvenes andaluces.

La portavoz del Gobierno andaluz se preguntó sobre el paradero de Montero, quien, según ella, ha estado "desaparecida" en esta crisis. Chile recordó que, al ser andaluza, debería mostrar más interés en defender la dignidad de su comunidad autónoma.

España insistió en que un gobierno no puede simplemente retirar ayudas a la población por preferencia política, subrayando la importancia de la democracia. Cuestionó si el Gobierno central haría lo mismo con Cataluña o el País Vasco en situaciones similares.

Afirmó que, si optan por quitar estas ayudas a los jóvenes andaluces, se encontrarán con una firme oposición de la ciudadanía y de todo el equipo jurídico de la Junta de Andalucía, que representa a casi nueve millones de andaluces.

“No toleraremos más insultos a nuestra comunidad”, declaró España, expresando que han llegado a un límite y están decididos a proteger a sus jóvenes con todas sus fuerzas, alineando esta lucha con la defensa de la dignidad del pueblo andaluz.

La consejera recordó que la anterior consejera de Fomento había afirmado que las ayudas eran financiadas tanto por la Junta como por el Gobierno central, y sugirió que no se desvíen de los hechos. Calificó como “una reacción infantil” recurrir a la ley para desestimar la ayuda debido a un aviso no declarado, señalando que esto es producto de la arrogancia del ministro Puente al menospreciar a Andalucía.

España describió la situación como una oscilación entre promesas y retiradas de apoyos, enfatizando que un gobierno debe actuar con seriedad y no jugar con la dignidad andaluza ni con el derecho de los jóvenes a recibir apoyo para el transporte.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el Gobierno andaluz asuma la financiación en caso de que se retire la ayuda estatal, España señaló que este no es un camino que se esté considerando, ya que eso equivaldría a un nuevo atraco a la Junta, añadiendo que ellos ya sufren cada año una pérdida de 1.500 millones de euros y 200 millones en dependencia sin que se actualicen las entregas a cuenta.

“Estamos siendo asfixiados demasiado”, concluyó España, señalando que la Consejería de Fomento está analizando las repercusiones económicas de esta problemática.