En Madrid, el 31 de julio, se revelan nuevas conexiones familiares que podrían arrojar luz sobre el caso de supuestas irregularidades en la contratación pública, conocido como el 'caso Koldo'. Antonio Muñoz Cano, cuñado del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, trabajó como albañil en Servinabar, una firma implicada en el escándalo. Según la información, Muñoz Cano recibió un total de 61.669 euros por su trabajo en diferentes períodos entre 2019 y 2022.

Confirmaciones procedentes de la defensa de Cerdán subrayan que Muñoz Cano, hermano de su esposa, tiene una trayectoria profesional como albañil y su labor en Servinabar coincide con los registros documentales presentados ante el Tribunal Supremo por la Hacienda de Navarra.

Desglosando su salario, se detalla que Muñoz Cano ganó 3.363,36 euros en 2019, 16.255 euros en 2020, 21.233 euros en 2021 y 20.818 euros en 2022, laborando en la empresa constructora en dos etapas diferentes.

No es el único familiar en esta trama, pues la hermana de Cerdán, Belén Cerdán, trabajó en Servinabar como administrativa entre enero y junio de 2020, recibiendo un salario mensual de 2.000 euros. Posteriormente, continuó en la misma línea de trabajo en un despacho que gestionaba las cuentas de la empresa por el mismo monto, según las fuentes consultadas.

Durante su tiempo en Servinabar, Belén Cerdán fue autónoma, pero luego recuperó un empleo como trabajadora asalariada, acumulando un total de 22.200,84 euros, cifra que figura en la documentación accesible de la Hacienda Foral de Navarra, actualmente bajo la revisión del magistrado Leopoldo Puente.

El instructor está investigando a Cerdán y su conexión con Servinabar, así como a Joséba Antxón Alonso, su administrador, quien fue testigo en la causa. En un testimonio reciente, Alonso reveló que Cerdán y él compartieron piso en Madrid, y sus conversaciones, grabadas en el expediente, incluyen comentarios sobre sus excesos económicos y sociales.

Además, la Guardia Civil encontró un contrato privado de compraventa que indica que Cerdán adquirió el 45% de Servinabar por 6.000 euros, justo la empresa que recibió adjudicaciones por más de 75 millones de euros del Gobierno navarro.

En su declaración ante el Supremo, Alonso intentó desligar a Cerdán de este contrato, alegando que se trataba de un borrador elaborado en 2015, cuando Cerdán consideraba retirarse de la política debido a los desfavorables resultados del PSOE en Navarra. Comentó que aunque se establecieron condiciones, este documento nunca fue formalizado dado que Cerdán decidió seguir en la política.

La Fiscalía Anticorrupción apunta al potencial beneficio económico de Servinabar, sugiriendo que se formó "ad hoc" para manejar las obras de la Mina Muga, entre otras, en asociación con Acciona, sin un compromiso claro hacia las mismas.

En la extensa documentación, también se encuentra el índice de actividad notarial de Servinabar, donde se detalla la actuación de Alonso como representante de la empresa en la formación de la Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Acciona, la cual recibió concesiones importantes.

Entre los proyectos destacados están la adecuación del Navarra Arena, la renovación del Archivo General de Navarra, la construcción de túneles en Belate y la edificación de viviendas protegidas en Egües, Navarra.

Ante el Tribunal Supremo, Alonso defendió la legalidad de estas obras, argumentando que se realizaron a solicitud de Acciona, y aclaró que el modelo de colaboración entre empresas grandes y locales es común y necesario para acceder a las licitaciones en el País Vasco y Navarra, lo que él considera una práctica legítima.

Finalmente, también figura en la documentación Fernando Merino, exdelegado de Acciona en Navarra, quien negó haber realizado pagos ilegales por contratos de obra pública durante su declaración el mismo día que Alonso.