El Tribunal de Cuentas ha lanzado una alerta sobre la falta de control en el cumplimiento de condiciones especiales en los contratos adjudicados por los Ministerios de Justicia, Defensa y Asuntos Exteriores durante el año 2022, lo que ha impedido la prestación de responsabilidades adecuadas.

Este hallazgo se detalla en un informe que evalúa los contratos vinculados a las políticas de gasto de estos ministerios, aprobado recientemente por el organismo dirigido por Enriqueta Chicano. La investigación abarcó 103 contratos, cuya suma asciende a 363 millones de euros, otorgados tanto por los ministerios como por sus entidades dependientes, incluyendo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto Cervantes.

El análisis ha evidenciado serias deficiencias en la definición y control de las condiciones especiales de ejecución de los contratos, en muchos casos utilizando solo obligaciones legales genéricas. Esta carencia ha resultado en una escasa exigencia de responsabilidad en los casos analizados: 18 contratos del Ministerio de Justicia, 48 de Defensa y 12 de Exteriores han estado afectados por esta falta de supervisión adecuada.

Además, el informe indica que, en casi todos los contratos examinados, no se llevó a cabo un seguimiento eficaz de la subcontratación, una omisión significativa. Según el documento, no se han registrado acciones del organismo de contratación para monitorear el desempeño de estas subcontrataciones, ni se ha recibido comunicación formal sobre la intención de subcontratar o información sobre los subcontratistas.

En cuanto al control de la ejecución, se detectó que en la mitad de los contratos del Ministerio de Justicia y en seis de los 16 analizados del Ministerio de Exteriores, este enfoque careció de efectividad. En muchos casos, el control se limitó a la simple conformidad de las facturas, sin cumplir con los requerimientos establecidos.

Durante la fase de preparación de los contratos, también surgieron deficiencias, como la inclusión injustificada de la experiencia como criterio de adjudicación, o la falta de desagregación de los costes en los estudios de viabilidad. Esto puede limitar la transparencia y efectividad en la adjudicación de los contratos públicos.

Por otra parte, el informe critica el uso de criterios de valoración basados en juicios subjetivos, sin la intervención de expertos especializados como exige la normativa vigente. Estas prácticas ponen en tela de juicio la rigurosidad y equidad en la selección de los adjudicatarios.

Ante este panorama, el Tribunal de Cuentas ha instado a implementar procedimientos de control claros y eficaces para asegurar la correcta ejecución de los contratos. Se sugiere que las condiciones especiales de ejecución sean alineadas con los objetivos del contrato y que se establezcan mecanismos para documentar y supervisar su cumplimiento, así como las penalizaciones pertinentes en caso de incumplimiento.

Asimismo, el informe propone mejorar la calidad de los informes de insuficiencia de medios, y reducir la dependencia de sistemas de valoración que están sujetos a la superación de criterios cualitativos, con el fin de garantizar un proceso más justo y transparente en la gestión pública.