La investigación en curso sobre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, continúa revelando nuevas y preocupantes evidencias. Recientemente, se ha señalado un inmueble en la Plaza España de Madrid, adquirido a través de la denominada 'trama Koldo', como uno de los elementos probatorios que complican aún más su situación legal, sumándose a otras acusaciones que lo involucran, como la posesión de un chalet en La Alcaidesa y la recepción de grandes sumas de dinero.

Según un informe elaborado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, del que se ha hecho eco Europa Press, el mencionado apartamento es parte integral de los indicios de cohecho que se examinan en el Tribunal Supremo. Este caso se complica con el hecho de que el alojamiento fue financiado por personas vinculadas a Víctor de Aldama, presunto intermediario en la trama, que también se ha relacionado con la entrega de efectivo al exasesor Koldo García.

Luzón subraya la gravedad de las acusaciones al mencionar que el disfrute de la vivienda por parte de Ábalos y su pareja, así como la adquisición de un chalet bajo circunstancias sospechosas y las transacciones monetarias provenientes de Aldama, constituyen evidencias substanciales de actos de corrupción, es decir, de la entrega de favores que podrían tipificarse como delitos.

Ante esto, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la implementación de medidas cautelares dictadas previamente por el magistrado Leopoldo Puente. Estas incluyen la prohibición de abandonar el país, la retención del pasaporte y la obligación de presentarse regularmente ante las autoridades judiciales. La fiscalía justifica estas acciones como necesarias para garantizar que Ábalos no eluda a la justicia y comparezca cuando sea requerido.

Además, se remarca que estas medidas, aunque limitativas, son consideradas proporcionales, dado que solo restringen de forma mínima su libertad de movimiento. En un recurso presentado, Ábalos argumentó que ha asistido a todas las citaciones judiciales voluntariamente y que no muestra intenciones de evadir el proceso, lo cual fue valorado por la Fiscalía a la hora de evitar medidas más severas.

Por su parte, el instructor del caso tomó la decisión de mantener las restricciones sobre la salida del país y la retirada del pasaporte, aunque ha permitido que el diputado del Grupo Mixto comparezca de manera quincenal ante el Tribunal Supremo o en su residencia en Valencia.