En un reciente comunicado, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, salió al paso de las críticas vertidas por el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y por otras fuerzas independentistas. Defendió con fervor la política de reducción de impuestos en la región, argumentando que estas medidas no afectan negativamente al resto de las comunidades autónomas.

García Martín enfatizó que, según los análisis realizados por expertos en financiación autonómica, las afirmaciones de los independentistas catalanes sobre un supuesto "robo" por parte de España son, en realidad, un intento de engañar a la ciudadanía. Desde Campo Real, el consejero denotó que en la actual discusión sobre el denominado dumping fiscal, se esconde un interés en preservar el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez mediante prácticas de financiación artificial y cuestionables.

El portavoz del Gobierno madrileño destacó que su comunidad se posiciona como la más solidaria en el país, contribuyendo con un 75% al total de los recursos destinados a servicios públicos en España. Sin embargo, subrayó que, tras aplicar los mecanismos de solidaridad establecidos, Madrid presenta una financiación por habitante inferior a la media del país, contraria a la situación en Cataluña.

García Martín también abordó el tema de la recaudación fiscal, indicando que solo un 20% de los impuestos generados en la Comunidad de Madrid se quedan en la región para financiar sus propios servicios, mientras que el resto se destina a la administración central y a la solidaridad con otras comunidades.

Además, sostuvo que las políticas de reducción de impuestos implementadas en Madrid son exclusivamente en beneficio de sus ciudadanos y no perjudican a otras regiones, dado que los cálculos de solidaridad se llevan a cabo antes de considerar cualquier ajuste fiscal en las distintas comunidades autónomas. Reiteró que cada comunidad dispone de la misma capacidad para gestionar sus impuestos y que la experiencia en Madrid ha demostrado que una fiscalidad moderada no solo favorece a los residentes, sino que también optimiza la recaudación, lo que resulta en una mejor financiación de los servicios públicos.