Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tomado la decisión de destituir a Emilio Viciana, quien hasta ahora ocupaba el cargo de consejero de Educación, Ciencia y Universidades desde junio de 2023. En su lugar, ha nombrado a Mercedes Zarzalejo, quien ha sido diputada del Partido Popular en la Asamblea y recientemente se desempeñaba como viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.

La noticia fue comunicada por el Gobierno regional a través de un comunicado oficial, donde se anticipa que el decreto con el nuevo nombramiento será publicado este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Este cese marca el primer cambio significativo en el equipo de Díaz Ayuso desde que comenzó su mandato en esta legislatura. Curiosamente, la destitución de Viciana ocurre en un momento en que los estudiantes y docentes de las seis universidades públicas de la Comunidad han comenzado a organizar una huelga para protestar contra la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y han solicitado la colaboración de los rectores, quienes también se han manifestado en contra de la ley desde su inicio.

Fuentes del Ejecutivo regional recordaron que, apenas fue nombrado, Viciana recibió la tarea de implementar un programa para fortalecer y modernizar las universidades madrileñas, uno de los pilares de su gestión en esta legislatura.

El nuevo enfoque que propone el Gobierno incluye un modelo de financiamiento que se ha estado elaborando en colaboración con los rectores universitarios, y la presidenta considera que el nombramiento de Zarzalejo servirá para revitalizar este departamento y avanzar en el ambicioso proyecto que se le encomendó hace más de dos años.

La controversia más destacada que rodeó a Viciana se centró en la ley universitaria, la cual el Gobierno regional pretendía presentar a la Asamblea de Madrid después del verano, pero que todavía no ha recibido la aprobación en el Consejo de Gobierno.

El proyecto ha recibido numerosas críticas, principalmente en torno a su financiamiento. Los rectores han expresado su preocupación por la situación financiera actual de las universidades y han manifestado que esperaban que la ley ofreciera un modelo más estable que asegurara los proyectos y actividades de las instituciones, lo que, según ellos, aún no se ha logrado con la propuesta del Ejecutivo.

En la apertura del año académico, José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá de Henares y presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA), destacó que todas las universidades del sistema experimentan una presión presupuestaria significativa. Su deseo es que, si se aprueba la ley, cuente con un apoyo amplio por parte del sector universitario.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido una de las más críticas en relación a la situación de financiamiento. El año pasado, el Gobierno regional aprobó un préstamo de 34,5 millones de euros para ayudar a la universidad, que ha denunciado una "infrafinanciación" arrastrada desde la crisis de 2008. El exconsejero también alertó sobre el déficit registrado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Díaz Ayuso ha reiterado en múltiples ocasiones que la nueva ley de universidades incluirá un modelo de financiamiento que permitirá una "planificación estratégica a medio plazo" para que estas instituciones puedan "crecer más", además de afirmar que las universidades son uno de sus "mejores escaparates".

A pesar de las promesas, en noviembre, cerca de 7.000 personas marcharon en Madrid en contra de lo que consideran una "asfixia" al sistema universitario público de la región, demandando una financiación equivalente al 1% del PIB de la Comunidad.

Con el lema 'Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian', grupos organizados de universidades públicas convocaron a una huelga y pidieron más inversión gubernamental, además de rechazar la LESUC.

Uno de los puntos de controversia latentes en la ley fueron las propuestas de sanciones de hasta 100.000 euros para manifestaciones no autorizadas. Tras las críticas recibidas, el Gobierno se vio obligado a suavizar estas multas, que afectaban de manera desproporcionada a actividades dentro del ámbito universitario.

Con el nombramiento de Zarzalejo, quien se ha involucrado en temas educativos desde diferentes frentes, se abre una nueva etapa en la Consejería. Tiene un perfil que combina una sólida formación académica -doctora en Derecho y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense- con experiencia en gestión educativa y política.

Además de su trayectoria en el ámbito universitario, Zarzalejo ha ocupado cargos relevantes en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y en la Asamblea de Madrid, donde fue parte activa en varios procesos importantes. Ahora, tendrá la responsabilidad de liderar un departamento que cuenta con un presupuesto histórico de 6.959 millones de euros para 2026, lo que representa un 22,7% del total regional y que será crucial en el debate sobre el futuro del sistema educativo en Madrid.