Ayuso llevará al Supremo su batalla contra el nuevo decreto que afecta a las universidades privadas, denunciando un "ataque" injustificado.
En un giro inesperado en el ámbito educativo de España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su intención de llevar al Tribunal Supremo la reciente aprobación de un real decreto que establece nuevos criterios para la creación y regulación de universidades. Según Ayuso, esta medida representa un "golpe" directo a las instituciones de educación superior privadas, las cuales, a su parecer, son pilares fundamentales de la libertad educativa.
Al clausurar el 'II Foro Líderes con Propósito', la líder regional no escatimó en críticas hacia el Gobierno de España, asegurando que el decreto es un ataque a la libertad empresarial y a la libertad de expresión. Según ella, esta normativa es un claro ejemplo de arbitrariedad que desmantela la seguridad jurídica y socava las competencias de las comunidades autónomas, además de estar diseñada para favorecer a los nacionalistas.
Ayuso subrayó la necesidad de que Madrid "alce la voz" en defensa de sus intereses y del Estado de Derecho, indicando que la Comunidad hará uso de "sus competencias y herramientas legales" para luchar contra lo que ella considera un abuso de poder. En este contexto, argumentó que la legislación perjudicará a la región y, por lo tanto, es imperativo impugnarla ante el alto tribunal.
El nuevo real decreto introduce un cambio significativo en el proceso de creación de centros universitarios, haciendo obligatorio un informe vinculante de evaluación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o por agencias autonómicas equivalentes. Este requerimiento se añade a la evaluación que actualmente lleva a cabo la Conferencia General de Política Universitaria.
En el panorama actual educativo, España cuenta con once agencias de calidad, que actúan de manera independiente y autónoma, siendo la ANECA la principal entre ellas, junto con diez agencias que operan en distintas comunidades autónomas. Todas forman parte de la Asociación Europea de Agencias de Calidad, lo que resalta el compromiso con estándares educativos elevados y la mejora continua en el ámbito universitario.
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