En una reciente actualización desde la capital española, la formación política Podemos ha hecho pública su decisión de llevar al Tribunal Supremo una solicitud para que desestime la demanda interpuesta por el exjuez Manuel García Castellón. Este último ha exigido una compensación de 240.000 euros, argumentando que la secretaria general del partido, Ione Belarra, lo ha calificado de corrupto y prevaricador.

Durante una rueda de prensa, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, precisó que Ione Belarra enviará un escrito formal al alto tribunal. En ese documento, la dirigente expondrá que los términos utilizados para referirse a García Castellón están dentro del marco del ejercicio de su labor como diputada, amparados por su derecho de libertad parlamentaria para analizar y criticar la conducta del exmagistrado, que ha tenido impactos directos en la formación política.

Fernández también resaltó que existen "múltiples evidencias", constatadas incluso por diferentes instancias judiciales, que apuntan a que la actuación del juez en cuestión ha revelado, al menos, una "clara intencionalidad política" que buscaba perseguir a la formación de Podemos.