La Comisión Europea ha advertido a España sobre los impactos negativos en el ecosistema del humedal de Doñana que supone la ampliación de regadíos impulsada por la Junta de Andalucía, en contra de las advertencias del Gobierno y de Bruselas. La Comisión ha recordado que se debe cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exige garantizar la protección del humedal y que, de no hacerlo, podrían imponerse multas.

El portavoz de la Comisión ha señalado que se mantiene un diálogo abierto con las autoridades españolas y que, si es necesario, se adoptarán nuevas medidas para garantizar el cumplimiento de la sentencia, incluyendo posibles sanciones monetarias. El Parlamento andaluz ha aprobado, con los votos a favor del Partido Popular y Vox, la toma en consideración de la proposición de ley para aumentar los regadíos en el humedal, a pesar de las consecuencias negativas que esto tendría en el ecosistema.

Los servicios comunitarios ya advirtieron el pasado 21 de marzo en una carta remitida a las autoridades españolas que, si salía adelante la ley promovida por la Junta de Andalucía para regularizar los regadíos, se produciría una "flagrante violación" de la primera sentencia condenatoria. La legislación medioambiental de la UE exige un uso sostenible de los recursos naturales, lo que incluye el agua, y que las actividades económicas sean compatibles con la conservación de los espacios de la red Natura 2000.

Los conocimientos científicos y técnicos de los que dispone Bruselas aportan "pruebas sólidas de los efectos adversos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas en el ecosistema de Doñana". Por este motivo, el Tribunal de Justicia de la UE declaró en junio de 2021 que España había incumplido la obligación de aplicar la normativa europea del agua y que "no estaba evitando el deterioro de los hábitats protegidos en varios espacios Natura 2000 de Doñana".

Un año después de la sentencia de 2021, en julio de 2022, la Comisión envió una carta en la que instaba a España a aplicar todas las medidas necesarias para cumplir la sentencia del TJUE, a la que siguió una nueva misiva este pasado mes de marzo. Actualmente, la Comisión está examinando las observaciones presentadas por España en respuesta a dicha carta de emplazamiento.