BRUSELAS, 8 de octubre. La Comisión Europea ha lanzado un severo aviso a España, otorgándole un plazo de dos meses para que implemente de manera adecuada la Directiva comunitaria destinada a la lucha contra el abuso sexual y la pornografía infantil. De no hacerlo, la Comisión podría considerar llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Esta normativa europea establece un marco legal común que considera como delitos el abuso y la explotación sexual de menores, así como la posesión y distribución de material relacionado con estos crímenes. La Directiva no solo define los delitos y sanciones pertinentes, sino que también introduce medidas para mejorar la prevención y garantizar una mejor protección para las víctimas.

Además, el organismo europeo ha subrayado la importancia de que los países miembros implementen programas eficaces de intervención para los delincuentes, buscando así abordar el problema de raíz.

Ante la constatación de que España, junto a otros países como Irlanda y Bulgaria, no ha llevado a cabo una transposición completa de estas normativas, Bruselas ha emitido un dictamen motivado. Estas naciones tienen ahora dos meses para aclarar las cuestiones planteadas por la Comisión y adoptar las acciones necesarias. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión no dudará en elevar el tema al TJUE.