En un evento significativo para la inclusión social, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que llevará a consideración del Consejo de Ministros en breve una propuesta de reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad. Este proyecto de ley contempla medidas cruciales, como la prohibición de prácticas discriminatorias y lesivas hacia las personas con discapacidad.

Durante una entrevista en RNE, Bustinduy destacó que los algoritmos pueden desempeñar un papel determinante en la vida de quienes tienen discapacidad física, incluso afectando sus opciones de transporte. Aseguró que la forma en que estos sistemas se utilizan es un tema de gran relevancia política que trasciende fronteras.

El ministro no dudó en promover un debate sobre el respeto a la ética en tecnología. Se preguntó retóricamente si la influencia sobre los algoritmos debería estar en manos de unas pocas corporaciones, como es el caso de Elon Musk y Mark Zuckerberg, o si, por el contrario, los gobiernos democráticos deberían tener voz en la regulación de estos poderes emergentes. Bustinduy enfatizó que las normas que rigen el comercio digital deben ser equivalentes a las que regulan el comercio en nuestras comunidades.

En este sentido, también criticó la transformación de Twitter en lo que ahora se conoce como X, señalando que esta plataforma, alguna vez concebida como un foro público global, ha sido cooptada por intereses privados. Bustinduy se cuestionó la legitimidad de aceptar el dominio de un individuo solo por su riqueza, sugiriendo que esto mina el valor de la democracia.

Asimismo, el ministro argumentó que la redistribución de la riqueza y el control democrático sobre los espacios públicos son fundamentos esenciales de cualquier sociedad democrática. Afirmó que su ministerio está comprometido a avanzar en esta dirección, dentro de sus capacidades.

Por otro lado, Bustinduy, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará al Consejo de Ministros una propuesta para ampliar el permiso de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas. Además, se contempla la retribución parcial de 4 de las 8 semanas del permiso de cuidado de hijo hasta que cumpla 8 años, una medida esperada que beneficiará a alrededor de siete millones de progenitores en España.