En un preocupante escenario para el sistema de dependencia en España, cuatro comunidades autónomas, a saber, Castilla y León, País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha, son las únicas que logran cumplir con la ley al resolver expedientes en menos de seis meses. Esto se revela en un informe reciente de las Asociaciones de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que arroja luz sobre la creciente crisis en este ámbito, especialmente alarmante en un contexto donde cada 15 minutos fallece una persona dependiente en lista de espera.

Según los datos publicados, durante los primeros nueve meses de este año, la lista de espera ha aumentado en 13.695 personas, alcanzando un total de 284.020 que esperan recibir valoración o prestaciones ya reconocidas. Esta tendencia ha marcado un cambio drástico, pues se han pasado de años de reducción progresiva en la lista de espera a un alarmante incremento en este 2025.

Las cifras son desgarradoras: en lo que va de año, 25.060 personas dependientes han fallecido sin recibir la ayuda que necesitaban, muchas de ellas esperando una valoración o prestación a la que tenían derecho, lo que equivale a 93 muertes al día, es decir, una cada 15 minutos. Las comunidades más afectadas han sido, de forma particular, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, que concentran el 80% de estos fallecimientos.

El informe también destaca un aumento en los tiempos de espera. La Asociación de Directores y Gerentes ha señalado que la media de espera ha crecido en aproximadamente 15 días, alcanzando un promedio de 349 días. El Ministerio de Derechos Sociales ha sido criticado por intentar minimizar este problema y por una interpretación sesgada de las cifras, contabilizando únicamente a quienes no han sido atendidos dentro del marco legal de 180 días, ignorando a quienes no han podido acceder al sistema en absoluto.

Además, los responsables han calificado de "triunfalismo" la manera en que algunas comunidades y el gobierno central celebran récords de atención, advirtiendo que esto se da en un contexto donde la ausencia de atención efectiva deja a millones en el limbo de la dependencia. La denuncia va más allá al aludir a una "financiación low cost" que, aunque ha aumentado en el número de beneficiarios, ha llevado a una notable restricción en la calidad y variedad de las prestaciones y servicios ofrecidos.

Por regiones, se observa que Canarias, País Vasco, Murcia y Cataluña son las que concentran mayor número de personas pendientes de recibir servicio, mientras que Aragón, Cantabria, Galicia y Navarra se encuentran entre las que tienen menos personas en esta situación. Lamentablemente, algunas comunidades han visto un incremento notable en las solicitudes sin resolución, destacando Castilla-La Mancha, Cantabria y Madrid en este aspecto.

En cuanto a los esfuerzos por mejorar la atención, comunidades como Canarias y Galicia han incrementado la cantidad de beneficiarios, a pesar de que en La Rioja se ha registrado una ligera disminución. Sin embargo, los plazos de resolución de expedientes siguen superando el límite legal en la mayoría de comunidades, con Andalucía y Murcia destacándose entre las más lentas en atender estos casos.

La inversión media por persona dependiente varía considerablemente entre comunidades, siendo el País Vasco y Extremadura las que lideran en gastos, mientras que Galicia y Canarias se encuentran a la cola. Aunque se han solicitado ajustes en la financiación estatal, la Asociación de Directores y Gerentes ha indicado que existen desigualdades en la distribución de fondos que agravan la problemática.

Por si fuera poco, se ha criticado el aumento de servicios de bajo coste, que se traduce en una disminución de plazas en residencias y centros de día, lo cual repercute negativamente en la calidad de vida de las personas dependientes. La falta de teléfono de atención también es evidente, ya que un porcentaje significativo de quienes reciben asistencia en casa no cuentan con servicios de teleasistencia, lo que es una laguna significativa en la cobertura.

Finalmente, los directores y gerentes han exigido al ministerio que dirija esta situación con más transparencia, reclamando información precisa sobre la cantidad de solicitudes pendientes y la falta de atención, ya que la situación actual deja a miles de personas vulnerables en una posición crítica e inaceptable.