La reciente decisión de la Casa Blanca de enviar tropas a Oregón ha desatado un torbellino de críticas y preocupaciones sobre el abuso del poder federal. El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció el domingo el envío de cientos de miembros de la Guardia Nacional a Portland, destacando que la orden llega en medio de una decisión judicial que había bloqueado previamente la federalización de estas fuerzas.

"El presidente está movilizando 300 efectivos de la Guardia Nacional desde California hacia Oregón. Este despliegue ya está en marcha", declaró Newsom, quien calificó la acción de "vergonzoso abuso de poder" por parte de la administración de Trump.

El gobernador continuó arremetiendo contra el presidente, afirmando que se está atacando el Estado de derecho y que sus acciones muestran un desprecio alarmante por las decisiones judiciales. "Esta no es una cuestión de seguridad pública; es un juego de poder. El comandante en jefe está utilizando a las fuerzas armadas como un arma política contra su propia población", subrayó, anunciando su intención de llevar el asunto a la corte.

Estas declaraciones se producen tras una orden de la jueza federal Karin J. Immergut, que decidió suspender por 14 días el despliegue militar en Portland, un movimiento que había sido impulsado por la administración Trump. La magistrada subrayó la falta de fundamentos en los argumentos del gobierno sobre la presencia de grupos violentos, advirtiendo que aceptar tales afirmaciones socavaría el equilibrio entre el poder civil y el militar.

El Pentágono, mientras tanto, ha confirmado el envío, mencionando que el número de efectivos es "aproximadamente" 200, quienes apoyarán a las agencias de inmigración y otras fuerzas del orden en la región. Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, defendió la medida, indicando que era necesaria para proteger a los activos y personal federal tras incidentes recientes en Portland.

En un comentario más desafiante, Jackson sugirió que Newsom debería apoyar a los ciudadanos respetuosos de la ley en lugar de a quienes están causando caos en las ciudades. El uso de un apodo despectivo para referirse al gobernador solo intensificó las tensiones entre los líderes estatales y la administración federal.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, también expresó su indignación respecto a la falta de notificación oficial del despliegue militar. Ella informó que al menos 101 miembros de la Guardia Nacional de California, bajo estatus federal, ya habían llegado a Oregón. Kotek, junto al fiscal general Dan Rayfield y el alcalde de Portland, Keith Wilson, se comprometió a seguir luchando contra esta acción en los tribunales, defendiendo la idea de que "no hay necesidad de intervención militar" en su estado, enfatizando que "no hay insurrección en Portland".