En el contexto actual de la política penitenciaria en España, un informe reciente revela que menos de la mitad de los 125 reclusos de ETA se encuentran en situación de cumplir sus condenas sin la opción de una salida anticipada. Esto se debe a que muchos de ellos están clasificados en tercer grado o se benefician del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, el cual permite que los internos realicen trabajos o actividades formativas fuera del régimen de prisión estricta.

De acuerdo con el Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), se espera que a finales de 2025, 58 de estos prisioneros, condenados por actos terroristas relacionados con ETA, sigan en segundo grado o bajo régimen ordinario. Esta cifra refleja un cambio significativo en la forma en que se gestionan las condenas por terrorismo en el país.

El mismo informe, difundido por Europa Press, indica que otros 54 presos de la organización terrorista están en tercer grado o en un sistema de semilibertad. A ellos se suman 12 internos que han recibido una reducción en su nivel de clasificación gracias a la aplicación del mencionado artículo 100.2, que busca facilitar su reintegración social.

Este año también ha traído consigo la excarcelación de siete reclusos, quienes han obtenido la libertad condicional a través de decisiones judiciales. Entre ellos destaca Asier Carrera, condenado por el asesinato del político socialista vasco Fernando Buesa y su escolta, una medida que genera un intenso debate en la sociedad española.

En noviembre de 2019, antes del transferido control de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, existían en instituciones penitenciarias españolas 222 prisioneros relacionados con ETA. De ellos, 166 estaban en un régimen cerrado, una categoría que actualmente no se aplica a ningún recluso de este grupo, mientras que 56 se encontraban en un segundo grado menos restrictivo.

El informe de la AVT documenta que en 2025 se han otorgado 20 clasificaciones de tercer grado por parte del Gobierno Vasco, correspondiente a 19 prisioneros de ETA. Desde que el Gobierno Vasco asumió estas competencias en octubre de 2021, se han aprobado un total de 110 terceros grados para 90 reclusos de ETA, con 20 de estas decisiones siendo revertidas posteriormente por el sistema judicial.

El año también ha sido testigo de siete excarcelaciones por cumplimiento de condenas, además de tres casos donde los prisioneros han recuperado su libertad tras la reducción de sus penas, gracias al tiempo cumplido en Francia, lo que pone en evidencia la complejidad del sistema judicial y penitenciario en torno a este tema delicado y controvertido.