El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido exigido por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a detener el desarrollo apresurado de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para no hipotecar el futuro de las universidades españolas. Esto se produjo después de la celebración de la comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, el foro en el que se reúne el Ministerio de Universidades con los gobiernos autonómicos.

Según los informes del PP, la reunión ha puesto de manifiesto la honda preocupación que existe en las distintas comunidades autónomas por los efectos dañinos que podrían suponer para las universidades españolas el hecho de que el gobierno aprobase una batería de decretos que hipotecasen el futuro. El Ministerio de Universidades, que dirige Joan Subirats, anunció que seguirá con la tramitación del Real Decreto de Doctorado, así como del Real Decreto por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Los anuncios generaron también un amplio rechazo en la comunidad universitaria. Según el PP, la principal preocupación de los consejeros es la aprobación del decreto que modifica la vía de acceso a los cuerpos docentes universitarios.

En este sentido, la modificación sustancial que no cuenta con el consenso necesario para poder llevarse a cabo, establece en su artículo 9.2, que el 50% de los miembros de las comisiones de acreditación serán designados directamente, sin sorteo alguno, por la propia Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

En conclusión, existe la preocupación de que la prisa que tiene el Gobierno sea por contentar, una vez más, a sus socios independentistas. Esta modificación ha generado una enorme preocupación en el ámbito universitario, han subrayado desde el PP.

Asimismo, los consejeros del PP también han reclamado la paralización del Real Decreto de Doctorado que, según aseguran, pretende incluir a última hora y sin el debate necesario, algunos contenidos que no figuraban en su redacción original, como la concesión directa de subvenciones a universidades públicas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.