El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que se preste especial atención a las personas con discapacidad en la futura Estrategia contra la Pobreza en el Transporte.

Según el CERMI, las personas con discapacidad se encuentran con obstáculos significativos que dificultan su acceso a un transporte accesible, asequible y seguro.

Por lo tanto, es fundamental garantizar la accesibilidad universal para todos, ofreciendo soluciones adaptadas a cada tipo de discapacidad: física, orgánica, sensorial, intelectual, del desarrollo y psicosocial. Esto implica asegurar la accesibilidad en entornos, productos, servicios relacionados con el transporte, así como el acceso a la información y comunicación, aspectos esenciales para la inclusión social plena.

El CERMI también ha resaltado la importancia de incorporar un enfoque de género transversal, reconociendo las barreras específicas que enfrentan las mujeres con discapacidad y la necesidad de proporcionar una protección reforzada en el uso del transporte. Asimismo, el Comité ha instado al Gobierno a abordar la relación entre discapacidad y pobreza, considerando los costos adicionales que este sector de la población debe afrontar y que deben ser tenidos en cuenta en las políticas públicas para garantizar su participación en igualdad de condiciones.

Entre las medidas propuestas se encuentra la creación de un Observatorio de la Movilidad para las Personas con Discapacidad, con el objetivo de evaluar aspectos como la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la seguridad en la movilidad. Asimismo, se propone establecer una Oficina Central Nacional de Coordinación de Movilidad para atender las necesidades específicas de este grupo, gestionar incidentes y mejorar la relación con los operadores de transporte.

Con estas iniciativas, el CERMI ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la promoción de una movilidad inclusiva que permita su plena participación en la sociedad, en concordancia con los principios de accesibilidad universal y justicia social establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030.