La Comisión Europea ha lanzado una advertencia a España, señalando que existen "imprecisiones" en el borrador del nuevo Real Decreto relacionado con la regulación de productos de tabaco. Ahora se espera que las autoridades españolas consideren estas observaciones antes de proceder con la implementación de la normativa.

España se encuentra en el centro de la controversia, tras ser acusada por cinco países de la UE de restringir injustificadamente la libre circulación de mercancías. Estas naciones, que incluyen a Italia, Suecia, Grecia, Rumanía y la República Checa, argumentan que la normativa afecta negativamente a productos como los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de consumo de nicotina.

Los cinco países han expresado su preocupación a través de dictámenes razonados, los cuales surgieron después de que España notificara el proyecto al TRIS, un sistema que obliga a los Estados miembros a informar sobre regulaciones técnicas que podrían impactar el mercado interior antes de su adopción.

En su crítica, Suecia argumenta que el límite propuesto de 0,99 mg de nicotina por bolsa establece una prohibición de facto, excluyendo del mercado productos que actualmente son accesibles y, según ellos, menos dañinos que el tabaco convencional. Suecia también subraya que la medida vulnera principios europeos al restringir el libre tránsito de mercancías.

A pesar de que la legislación de la UE permite ciertas restricciones por motivos de salud, Suecia sostiene que estas deben ser proporcionales y justificada, algo que consideran que España no ha conseguido demostrar. En cambio, sugieren alternativas menos severas, como el etiquetado de productos y restricciones basadas en la edad.

Italia ha compartido preocupaciones similares, alegando que si España avanza con esta legislación, limitaría la libre circulación de productos en el mercado único y crearía un obstáculo al comercio, contradiciendo los principios de armonización europeos.

Grecia también se opone a la normativa, afirmando que las restricciones al etiquetado y el límite de nicotina son desproporcionados y van en contra de las libertades comerciales dentro de la UE. En su opinión, España no ha justificado adecuadamente estas medidas, que consideran excesivas.

Rumanía critica fuertemente la falta de fundamento en la medida, señalando que la normativa impone restricciones sin pruebas claras que demuestren un riesgo significativo para la salud pública. Este país también ha cuestionado por qué España no ha explorado opciones más flexibles antes de decidir sobre una prohibición tan amplia.

La República Checa ha expresado que la legislación española podría crear obstáculos desmedidos para la libre circulación de productos, indicando que las regulaciones sobre las bolsas de nicotina son más severas que las de otros Estados miembros de la UE y no reflejan adecuadamente la naturaleza de estos productos.

Croacia, aunque no tan crítica, ha sugerido que España debería reflexionar sobre si se pueden alcanzar objetivos de salud pública a través de medidas más flexibles.

La Comisión Europea ha hecho hincapié en varios puntos en su dictamen, señalando que algunas definiciones establecidas por España, como la de "cigarrillo electrónico desechable", son más amplias de lo permitido por la normativa europea y podrían causar confusión. También ha solicitado a España que ajuste su definición de nicotina para evitar crear malentendidos sobre su categorización en relación a las regulaciones europeas.

Asimismo, la Comisión ha enfatizado la necesidad de que las definiciones sobre "ingredientes peligrosos para la salud" no se limiten únicamente a sustancias específicas y ha instado a España a que el etiquetado de cigarrillos electrónicos cumpla con los requisitos de advertencia establecidos a nivel comunitario.