El Círculo de Empresarios ha lanzado una carta abierta en la que propone diversas acciones y reformas para proteger y respetar la figura del empresario en España. Entre las propuestas se encuentra el retraso voluntario de la edad de jubilación, acompañado de un sistema de incentivo, así como la eliminación de impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas, y del tributo sobre el patrimonio.

Según el Círculo de Empresarios, la reciente reforma del sistema de pensiones no garantiza su viabilidad y solo pospone el problema, siendo además insolidaria y exigiendo un gran sacrificio a los ciudadanos en activo. Por ello, insisten en la necesidad de retrasar la edad de jubilación de forma voluntaria, incentivando el ahorro privado y la inversión.

En cuanto a la reforma laboral, consideran que en lugar de solucionar los problemas, ha ralentizado el ritmo de creación de empleo y ha perjudicado la flexibilidad. Por esta razón, los empresarios piden una reforma que dote al sistema de mayor flexibilidad y que se acerque a las normativas de otros países y a las nuevas realidades económicas y laborales.

En materia fiscal, el Círculo de Empresarios propone incentivar la inversión y el ahorro, y considera que las nuevas figuras impositivas deben consensuarse y armonizarse con Europa para evitar distorsiones competitivas y deslocalización de bases imponibles. Además, proponen reducir las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, suprimir impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas, eliminar el impuesto sobre el patrimonio y simplificar el diseño del IVA.

La organización también hace hincapié en la importancia de tener una política fiscal prudente y eficiente para impulsar el crecimiento estable, sin gastar sin medida en políticas ideológicas o de dudosa eficacia. En este sentido, consideran que el peso del gasto público debe situarse en torno al 40% del PIB.

En relación a la vivienda, el Círculo de Empresarios propone ampliar la oferta de suelo, fomentar la construcción de vivienda en alquiler asequible y buscar fórmulas de colaboración público-privada en las ciudades con demanda insatisfecha. Además, sugieren agilizar trámites administrativos para reducir costes para promotores y consumidores.

En el ámbito energético, consideran necesario evitar cualquier intervención en el mercado o reducirla al mínimo imprescindible. Además, apuntan a la importancia de lograr la aceptación social de la transición energética y el consenso entre la Administración, el sector empresarial y la ciudadanía.