La diputada y coordinadora general de los Comunes, Candela López, ha lanzado un contundente llamado al Gobierno para que evalúe la posibilidad de terminar cualquier vínculo contractual con empresas que operan en territorios palestinos ocupados.

En este contexto, López ha instado a la Sareb, conocida como la sociedad encargada de gestionar activos procedentes de la reestructuración bancaria, a desligarse de inversiones de firmas como Blackstone y KKR, a las que critica por su implicación en la ocupación israelí.

Recientemente, la diputada presentó una serie de preguntas en el Congreso, apuntando a la necesidad de que el Gobierno rescinda contratos públicos con entidades que están activas en asentamientos israelíes, argumentando que esto va en contra del derecho internacional.

Las declaraciones de López surgen tras la revelación de que la Sareb compensará a Anticipa, vinculada a Blackstone, y a Hipoges, asociada a KKR, por el traspaso de 40.000 viviendas al Sepes, lo que ha generado un amplio debate sobre la ética de estas transacciones.

La diputada hace hincapié en que la reciente convalidación del decreto que impide la exportación de armas a Israel refuerza la postura del Gobierno español contra las acciones que califica de "genocidio" en Gaza. Sin embargo, advierte de que la "ilegalidad" del Estado israelí se extiende más allá de la venta de armas y se manifiesta en la ocupación reiterada de territorios palestinos.

Además, insiste en que el fondo estadounidense KKR posee intereses sustanciales en empresas de ciberseguridad israelíes y también investiga en proyectos inmobiliarios situados en territorios en disputa, como los Altos del Golán y Jerusalén Este, lo que, según ella, es un agravio a la legalidad internacional.

López también denuncia que Blackstone no solo realiza significativas donaciones a Israel, sino que su participación en el sector tecnológico y militar del país levanta serias interrogantes sobre la ética de sus inversiones.

La situación actual del mercado inmobiliario español, caracterizada por la especulación y el aumento de precios, añade un matiz crítico a su argumento. López subraya que es inaceptable que la Sareb confíe la gestión de su patrimonio a fondos que tienen un historial ético cuestionable.

Por estas razones, la diputada pregunta al Gobierno si tiene planes para abordar la relación de la Sareb con KKR y Blackstone, considerando que el Ejecutivo posee una participación mayoritaria en esta entidad. También cuestiona si realmente cree que estas empresas son las más adecuadas para manejar lo que se conoce como el 'banco malo' y si tiene conocimiento de otros contratos con estas firmas que deberían ser cancelados debido a su actividad en territorios ocupados.