La organización Ecologistas en Acción ha lanzado duras críticas contra las comunidades autónomas por su falta de rapidez en implementar el Reglamento europeo de Deforestación. Según la denuncia, la mayoría de los gobiernos regionales carecen de la infraestructura necesaria para cumplir con las nuevas normativas y apenas han destinado recursos adicionales, con la excepción de la Junta de Andalucía.

El Reglamento, aprobado en junio de 2023, entrará en pleno vigor a partir del 30 de diciembre de 2024 y afecta a actividades comerciales de productos como soja, aceite de palma, café, cacao, caucho, madera y ganado bovino. Se requiere garantizar la trazabilidad de estos productos hasta su origen y asegurar que no provienen de zonas deforestadas, cumpliendo con la legislación nacional.

Ante este panorama, Ecologistas en Acción ha solicitado información a las 17 comunidades autónomas y ha mantenido reuniones con algunas de las que tienen mayor impacto en la industria de materias primas afectadas por el Reglamento, como la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia y el Gobierno de Aragón.

El portavoz de la organización, Jaume Grau, ha señalado que la mayoría de las comunidades autónomas han asignado estas responsabilidades a unidades técnicas que ya estaban a cargo de otros reglamentos, lo cual considera inviable por la falta de personal especializado. Destaca que Andalucía ha contratado a una persona para este fin, aunque sigue siendo insuficiente en comparación con otras regiones.

Ecologistas en Acción recuerda que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe establecer protocolos de comunicación y proponer una ley para el procedimiento sancionador del Reglamento en España. Sin embargo, la organización considera que esta demora no puede ser excusa para que las comunidades autónomas incumplan con sus obligaciones legales.

La falta de acción por parte de las comunidades autónomas preocupa a Ecologistas en Acción, que resalta que España está rezagada en comparación con otros países europeos como los Países Bajos, que ya cuentan con una unidad administrativa especializada y protocolos de trabajo. La organización advierte que estos retrasos, sumados a los obstáculos impulsados por sectores empresariales, podrían dificultar la implementación uniforme del Reglamento en la Unión Europea y fracasar en el objetivo de detener la deforestación.