En una audioconferencia reciente, Beatriz Corredor, máxima responsable de Redeia, defendió la calidad del sistema eléctrico español, calificado por ella como "el mejor a nivel global", a pesar de la controversia provocada por el apagón del 28 de abril. Durante su intervención, no dudó en señalar a las empresas del sector eléctrico como responsables de este incidente, atribuyendo la culpa a una "gestión defectuosa". En particular, mencionó que una de estas empresas había estado realizando un "experimento" en su planta fotovoltaica de Badajoz, actividad que generó un comportamiento oscilatorio que comprometió la estabilidad del sistema eléctrico.

Esta declaración tuvo lugar en la comisión de investigación del Senado que analiza el apagón mencionado. Corredor subrayó que la empresa tiene evidencias concretas de que el problema comenzó exactamente a las 12:03 en la mencionada planta privada, donde se registró una oscilación extraordinaria de 0,6 Hz que, según ella, fue consecuencia de una gestión inadecuada.

Corredor reveló que la misma planta fotovoltaica había experimentado problemas similares el año anterior, y que los directivos habían admitido estar realizando pruebas que pudieron haber afectado su funcionamiento. De esta manera, se pone de relieve que los errores pueden ser repetidos si no se toman las precauciones adecuadas.

La presidenta de Redeia también hizo hincapié en el desempeño de las centrales hidroeléctricas, que, según sus declaraciones, no cumplieron con los estándares establecidos para la reposición energética en ese día crítico. Denunció que estas instalaciones no lograron arrancar de manera autónoma, lo cual es un requisito legal en casos de incidencias, lo que llevó a que se buscara apoyo energético externo desde Francia y Marruecos.

Al abordar las críticas sobre el control dinámico de la tensión, Corredor defendió la actuación de su empresa, desestimando las acusaciones que apuntaban a que la falta de un control adecuado fue un factor determinante en el apagón. Según su perspectiva, la decisión del operador de mantener solo nueve de las diez centrales de control era correcta; argumentó que no habría cambiado el resultado del incidente, incluso si se hubiese tenido más capacidad operativa.

Asimismo, la presidenta dejó claro que el origen del apagón radicaba en el incumplimiento por parte de los "grupos convencionales" de sus obligaciones en el control de la tensión. Esto, afirmó, exime a Redeia de la responsabilidad en lo que respecta a la programación de las centrales para dicha tarea en esa fecha.

En otra dirección, Corredor afirmó que el Gobierno no ha ordenado jamás maximizar la cuota de energías renovables en el conjunto energético. Aclaró que las decisiones sobre la programación del sistema se toman únicamente con criterios técnicos y dependientes del mercado. Insistió en que son los suministradores los que deben ofrecer electricidad de forma rentable, lo que, en ocasiones, se traduce en un suministro negativo o nulo durante ciertas horas debido a la gran penetración de energía renovable.

La presidenta de Redeia también explicó que, en caso de que los agentes del mercado no ofrezcan suficiente electricidad, corresponde al operador suplir esa demanda de manera que cumpla con los condicionantes legales y que resulte económicamente viable para los consumidores.

Finalmente, Corredor destacó que el sistema eléctrico español, que destaca por su integración masiva y eficiente de energías renovables, está diseñado para garantizar la seguridad del suministro en todo momento. Reconoció que el apagón del 28 de abril puso en evidencia algunas vulnerabilidades, las cuales el Gobierno intentó mitigar mediante un decreto conocido como 'antiapagones', aunque su aprobación se estancó en el Congreso y contemplaba una mayor supervisión del sistema eléctrico por parte de la CNMC.