El 1 de agosto en Madrid, se informa que un tribunal estadounidense ha decidido suspender la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a aproximadamente 60,000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esta decisión evita que la actual Administración del presidente Donald Trump proceda con la deportación de estas personas a sus países de origen, a pesar de que las restricciones migratorias se han intensificado recientemente.

Aunque la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había manifestado que las condiciones en los países de origen ya no justificaban el TPS, la corte californiana tomó la medida de bloquear su eliminación justo cuando estaba a punto de entrar en vigor.

El TPS para los migrantes de Nepal, que abarca a unas 7,000 personas, estaba programado para expirar el 5 de agosto. En cuanto a los hondureños, estaban incluidos alrededor de 51,000 ciudadanos que han trabajado legalmente en Estados Unidos por un periodo de 25 años, cuyo estatus caducaría el 8 de septiembre. Asimismo, el TPS de Nicaragua afecta a 3,000 personas y también tenía la misma fecha de expiración.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, ha señalado que la protección ha sido extendida hasta noviembre y ha reafirmado el compromiso de su Gobierno de respaldar a sus compatriotas. En un mensaje transmitido a través de X, subrayó que su administración "acompañará de forma total, constante y firme la defensa de sus derechos", reconociendo a su vez el valioso trabajo hecho por las organizaciones que luchan por ellos.

Pese a esta victoria legal, la Administración Trump sigue por el camino de eliminar estas protecciones, buscando así acelerar los procesos de deportación. Hasta el momento, cerca de 350,000 venezolanos y 500,000 haitianos han visto revocado su TPS, y esta política también ha impactado a ciudadanos de otras nacionalidades, como afganos y cameruneses.