En un lamentable suceso ocurrido en la madrugada del 20 de julio en Azpeitia, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha alzado su voz para condenar un ataque violento a la comisaría de la Policía Local. Un grupo de individuos, en respuesta a la identificación y sanción de un joven por realizar pintadas en el mobiliario urbano, agredió a los agentes de la guardia urbana y de la Ertzaintza, generando una situación de violencia e impunidad que no puede ser tolerada.

Según la información proporcionada por la Consejería de Seguridad, los hechos se desencadenaron alrededor de las 4 de la mañana, cuando una patrulla de la Ertzaintza detuvo a un joven por vandalismo. En cuestión de minutos, un numeroso grupo de jóvenes se congregó en torno a la comisaría, comenzando a hostigar y atacar a los funcionarios de policía, que se vieron obligados a solicitar refuerzos de la Ertzaintza para controlar la situación.

El Departamento de Seguridad ha calificado estos actos como “graves, intolerables e inaceptables”, subrayando que tales comportamientos socavan la convivencia y el respeto que debe prevalecer en la sociedad. En su declaración, hicieron un llamado a los ciudadanos vascos para que se comprometan a no permitir ni tolerar hechos de esta naturaleza, promoviendo una cultura de respeto hacia quienes trabajan cada día para garantizar la seguridad en nuestras comunidades.

"Es nuestra responsabilidad colectiva proteger a quienes nos protegen", manifestaron desde el departamento, al tiempo que expresaron su solidaridad y apoyo a los agentes afectados, quienes se enfrentan a peligros en el cumplimiento de su deber. Este clima de inseguridad y agresión hacia las fuerzas del orden es preocupante y requiere una respuesta firme por parte de la sociedad.

El concejal del Ayuntamiento, que intervino para mediar en la situación, logró finalmente dispersar al grupo de jóvenes. Sin embargo, los incidentes dejaron un saldo de dos agentes de la Ertzaintza heridos y han llevado a la apertura de investigaciones que serán remitidas a las autoridades judiciales pertinentes para su evaluación y posible sanción.