En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora el 18 de diciembre, diversas organizaciones como Pueblos Unidos y la ONG Entreculturas han alzado la voz para denunciar los obstáculos que enfrentan las personas migrantes en España, entre los que destacan el racismo, la burocracia y la desigualdad de derechos.

Las iniciativas de estas instituciones se han materializado en la campaña de sensibilización denominada ‘Soy Acogida’, que busca visibilizar las preocupaciones y realidades de la población migrante en el país. Desde su centro de atención en Ventilla, un barrio madrileño, han trabajado en el acompañamiento y apoyo a estas comunidades, poniendo de relieve la riqueza intercultural que caracteriza a la zona. Macarena Úbeda, responsable del centro Pueblos Unidos, destaca que "estas calles transpiran interculturalidad por sus cuatro costados", reflejando una integración significativa de las personas migrantes en el entorno.

A través de su labor diaria, estas organizaciones han formado grupos de trabajo que han capturado diversas experiencias que ilustran las dificultades y desafíos que enfrenta la migración en España. Uno de los testimonios más impactantes proviene de Ibra Sy, un joven de 20 años originario de subsahariana, quien comparte que su principal preocupación es "el aumento del racismo y la xenofobia" que se manifiestan en su vida cotidiana. Ibra revela el impacto emocional de la estigmatización, señalando cómo le afecta escuchar que las personas migrantes son percibidas como "violentas y peligrosas".

Otro testimonio proviene de Diana Rico, una mujer latinoamericana de 48 años que ha residido en España durante más de cinco años. Diana ha enfrentado discriminación en varias entrevistas laborales debido a su origen, mencionando que los entrevistadores a menudo asumen que deben aceptar salarios bajos por no ser de aquí y que carecen de educación. Sin embargo, destaca que no percibe a la sociedad española como racista o xenófoba en su totalidad.

Pueblos Unidos también resalta que uno de los principales retos que enfrentan las personas migrantes en su llegada a España es la complejidad del proceso de regularización administrativa. La abogada de la organización, Marta Sánchez-Briñas, advierte que "las trabas burocráticas y legales impuestas por el Estado español dificultan enormemente las oportunidades de regularizar la situación de las personas migrantes". Esto provoca un círculo vicioso de requisitos que afecta gravemente la salud mental de quienes buscan regularizar su situación.

Las preocupaciones que impactan directamente a las personas migrantes abarcan aspectos fundamentales como la educación, la sanidad y la vivienda. Sin embargo, Sánchez-Briñas aclara que el acceso a estos derechos "no se da en las mismas condiciones", ya que a los numerosos impedimentos administrativos se suma la situación de vulnerabilidad y desamparo en que se encuentran muchos migrantes.

La precarización de estos derechos en ciudades como Madrid ha culminado en un estado de desamparo que los servicios sociales no logran abordar de manera efectiva, encontrándose a menudo desbordados por la falta de infraestructura pública y la alta demanda existente. A pesar de estas adversidades, las organizaciones lamentan el creciente número de voces que acusan a las personas migrantes de "no trabajar y solo querer paguitas". Tales afirmaciones son defendidas como carentes de fundamento por Keita, un joven guineano de 23 años que ha estado en España desde 2018. "Las personas migrantes queremos contribuir a la sociedad si se nos brinda una oportunidad", afirma con determinación.