El reciente arresto de Candy ha puesto nuevamente en el foco mediático un caso de violencia doméstica que ha suscitado un amplio debate social sobre la justicia y los derechos de las víctimas. Este hecho se produce tras la negativa de Candy a cumplir con la orden de ingreso en prisión, emitida por el Juzgado de lo Penal número tres, debido a una condena por maltrato continuado.

SEVILLA, 7 julio. La detención de Candy, quien es objeto de una serie de acusaciones graves que incluyen violencia de género y lesiones, se produce en un contexto jurídico complicado. Inicialmente, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla decidió derivar el caso hacia los juzgados de Instrucción tras el argumento del acusado de haberse registrado como mujer. Sin embargo, esta estrategia no ha sido suficiente para eludir la justicia, y la Policía Nacional ha ejecutado órdenes de captura que existían en su contra.

Las autoridades confirmaron que la detención tuvo lugar el pasado viernes y que Candy fue trasladada al centro penitenciario Sevilla I, donde deberá cumplir la condena de 15 meses que le fue impuesta desde septiembre de 2023 por el delito de maltrato continuado. Este arresto marca un paso significativo en los esfuerzos por hacer cumplir la ley en casos de violencia de género, donde la impunidad suele ser un gran obstáculo.

El abogado José Antonio Sires, representante de la expareja de Candy, ha señalado que existen hasta cinco órdenes requisitorias activas debido a los reiterados incumplimientos de la acusada ante la justicia. Sin embargo, se ha mencionado que las órdenes restantes podrían ser desactivadas, permitiendo que los juzgados tomen las acciones necesarias para asegurar que se cumplan las resoluciones judiciales, ahora que la situación penintenciaria de Candy ha cambiado.