La defensa de una educación equitativa se ha vuelto un tema candente en el debate educativo actual, sobre todo por las críticas al Ministerio de Educación por su trato hacia la educación concertada. Enrique Ríos, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), ha expresado su profundo desacuerdo con las barreras que se han impuesto a la jubilación parcial de los docentes, indicando que estas limitaciones generan sobrecostos y desincentivan la implementación efectiva de esta medida.

Ríos ha lamentado el que considera un claro abandono por parte del Ministerio hacia los profesionales de la educación concertada, afirmando que no puede haber una jerarquía entre profesores. En una reciente entrevista, enfatizó la necesidad de igualdad en el trato, independientemente de si los docentes pertenecen a la red pública o a la concertada. Para él, los esfuerzos deben centrarse en asegurar la máxima calidad educativa en todas las instituciones.

El líder sindical cuestiona la justificación del Ministerio de dar preferencia a los profesores de la educación pública, argumentando que la aprobación de un examen de oposición no debería ser el único criterio que determine la creación de diferencias entre los docentes de ambos ámbitos. “La educación no debería ser un sistema que marque distinciones entre sus profesionales”, aseveró.

Ríos subrayó que los profesores en la educación concertada también poseen la capacidad necesaria para participar en oposiciones y, por tanto, acceder a roles como funcionarios. Más allá de la simple búsqueda de estabilidad laboral, los docentes optan por esta modalidad educativa por una vinculación con valores e idearios que trascienden lo religioso, argumentando que estas preferencias no deberían ser motivo de desigualdad ante la ley.

Las peticiones del FSIE son claras: buscan establecer condiciones que faciliten la jubilación parcial para las 222,000 personas que desempeñan funciones educativas en más de 10,000 centros concertados y privados en todo el territorio español. Ríos ha planteado la necesidad de equiparar los derechos y condiciones laborales entre los docentes de ambas redes, conforme a lo que señala el artículo 117.4 de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

El secretario general destacó que la jubilación parcial había sido concebida como una opción beneficiosa, no solo para facilitar la transición hacia la jubilación, sino también para rejuvenecer el personal docente y promover un traspaso de experiencias entre generaciones. No obstante, advirtió que, en la práctica, esta medida ha resultado en una carga adicional para las instituciones educativas, que ahora deben asumir costos superiores en términos de seguridad social.

Asimismo, Ríos manifestó su preocupación ante la falta de disposición de las administraciones para hacer realidad esta jubilation parcial. Aunque algunas regiones como Aragón, Extremadura y Navarra han logrado avanzar en acuerdos, existen muchas otras que limitan el desarrollo de esta opción. “Nunca se deberían poner obstáculos a algo que puede ser tan positivo”, señaló.

En su crítica al Ministerio, Ríos también remarcó la insuficiente financiación que enfrenta la educación concertada, evidenciando que las expectativas de formación de grupos de trabajo para abordar esta situación no se han concretado. Esto contraviene lo dispuesto en la LOMLOE, que estipula que se debía formar una comisión para estudiar la situación de los puestos escolares. “Estamos fuera de plazo y hay un creciente descontento entre los trabajadores”, aseguró.

Finalmente, Ríos advirtió que en comunidades como Asturias, donde ya se han llevado a cabo protestas, se percibe un claro rezago en las condiciones laborales de los docentes. La diferencia en horas lectivas entre la educación concertada y la pública, que puede llegar a ser de hasta 2.5 horas menos a la semana, señala una desigualdad preocupante. Si no se logran avances en las negociaciones, no descarta que septiembre traiga consigo movilizaciones y huelgas en defensa de los derechos de los profesores asturianos.