En una reciente declaración en Polonia, la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la protección del empleo al comunicar que no se destinarán "recursos públicos para que las empresas despidan a trabajadores". Esta postura surge a raíz de la controversia generada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien se opuso a la idea de vincular las ayudas estatales para las empresas afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos a la condición de no despedir personal.

La ministra hizo estas afirmaciones al ser abordada por la prensa al inicio del Consejo informal de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Epsco) en Polonia, donde los líderes europeos discuten relevantes estrategias laborales. La oposición de Garamendi a las propuestas de Díaz se centra en su preocupación por la falta de claridad respecto a la duración de los aranceles, lo que podría forzar a las empresas a realizar ajustes en su plantilla.

Garamendi subrayó la complejidad de la situación para muchas empresas, señalando que "en caso de problemas estructurales, tendrán que analizar la forma de gestionar un descenso significativo en los pedidos". Esta reflexión planteó un dilema sobre la sostenibilidad de los empleos ante un cambio tan abrupto en el panorama comercial.

Por su parte, Díaz reafirmó que el objetivo del Gobierno es "salvar" tanto las empresas como el tejido productivo del país, pero advirtió de que eso implica asegurar la estabilidad laboral y prohibir cualquier despido. La ministra recordó que ella y Garamendi conocen las dificultades que plantea este reto desde los tiempos de la pandemia, cuando se implementaron medidas similares.

La ministra también recordó que existen sistemas de protección, como los ERTE ordinarios y el mecanismo RED, que están disponibles para las empresas y trabajadores que enfrentan dificultades. "Nuestro compromiso es claro: no dejaremos caer a ninguna empresa ni a ningún trabajador", afirmó, insistiendo en que la incidencia de las nuevas políticas arancelarias de EE.UU. en España es mínima, afectando a menos del 5% de las empresas.

En otro punto de su intervención, Díaz destacó la pertinencia de la reunión Epsco, señalando que el contexto actual requiere de una Europa que se una y comparta recursos, así como que establezca un enfoque más solidario en vez de uno meramente competitivo. Insistió en que es fundamental promover una Europa que priorice los derechos laborales, especialmente en tiempos en que los aranceles y el retroceso democrático amenazan las condiciones de vida de muchos europeos.