La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha salido en defensa de la decisión de anular un contrato para la compra de munición a una empresa israelí, resaltando la importancia de la rectificación como un acto de responsabilidad política. En sus declaraciones, enfatizó que la capacidad de corregir errores en el ámbito gubernamental es una virtud que debe ser valorada.

En una entrevista con RNE, Díaz afirmó que la rectificación no debe ser vista como un signo de debilidad, sino como una oportunidad para mejorar la labor de un ministro o ministra. Recordó su propia experiencia durante la pandemia, cuando tuvo que modificar una normativa que generó ciertas críticas desde el Palacio de La Moncloa. “Cuando un alto cargo admite un error y se compromete a solucionarlo, realmente estamos ganando”, aseguró.

En cuanto a la posibilidad de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dimitiera tras la controversia, Díaz fue tajante: defendió la continuidad de Marlaska en el puesto, argumentando que en la política española aún falta una cultura más robusta sobre la naturaleza de los errores y la rectificación.

“Dar la cara y ofrecer explicaciones es un acto de nobleza”, afirmó, aludiendo a la necesidad de cerrar el debate en torno a la anulación del contrato, que califica como un paso necesario dado el contexto actual y las implicaciones legales del mismo.

Díaz también compartió que mantuvo un diálogo directo con el presidente Pedro Sánchez y el propio Marlaska para abordar esta cuestión y que, a pesar de sus diferencias iniciales, su relación con el ministro es cordial y constructiva. Mientras que este último defendía la validez del contrato, desde Sumar se ofrecieron argumentos jurídicos que llevaron a esta decisión.

En respuesta a las tensiones entre su formación política y el PSOE, la vicepresidenta optó por no enmarcar la discusión en términos de victoria o derrota, considerando que ese enfoque es más típico de una cultura política masculina que ella no comparte.

Asimismo, subrayó que España debe asumir una postura clara en cuanto a las exportaciones de armamento hacia Israel, en el contexto de los conflictos en Gaza. Al anular el contrato, se asegura no solo el cumplimiento de la legalidad internacional, sino también un compromiso ético por parte del gobierno español.

Respecto a las implicaciones legales de la cancelación, Díaz remarcó que cualquier relación contractual puede tener cláusulas de nulidad, y confía en que la decisión tiene un sólido respaldo jurídico. Aunque anticipó que la empresa podría llevar a cabo acciones legales, consideró que es poco probable que se enfrenten a sanciones significativas.

Finalmente, en relación a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la decisión de revertir la compra de munición, Díaz lo invitó a reflexionar sobre su propio historial en la Xunta de Galicia, donde gestionó diversas rescisiones de contratos. “Tal vez debería mirar hacia su propio pasado en la política antes de criticar decisiones que buscan el bienestar y la legalidad”, concluyó.