La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado enérgicamente la postura del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha decidido no participar más en la mesa de negociación sobre la reforma del despido. Según Díaz, el líder empresarial está eludiendo el debate porque es consciente de que cualquier cambio en la legislación significaría un aumento en las indemnizaciones por despido y la recuperación de salarios de tramitación.

Durante una entrevista en TVE, Díaz cuestionó la negativa de Garamendi, señalando que su organización se está alineando con posturas extremas al rechazar reformas necesarias que garantizarían el cumplimiento del Derecho europeo. “El Ministerio de Trabajo no actúa por capricho; sigue las pautas establecidas por las normativas europeas, que son claras en cuanto a la legislación sobre despidos”, enfatizó la vicepresidenta.

La ministra agregó que es alarmante que la patronal española esté resistiendo un cambio que es no solo necesario, sino también mandato del Tribunal Supremo, que ha declarado que España debe alinearse con los estándares europeos en la materia. Díaz aseveró que el debate no se centra en cuántos días se pagan por año de servicio, sino en que la legislación actual no ofrece suficientes garantías para los trabajadores, dejándolos en una situación de vulnerabilidad extrema.

La presidenta de Trabajo dejó claro que la intención del Gobierno es establecer un marco que contemple la naturaleza restaurativa de las indemnizaciones por despido, considerando factores como la edad, género y profesión del trabajador. "Un despido tiene un impacto diferente dependiendo de las circunstancias personales de cada individuo, y eso es algo que la legislación actual no aborda de manera adecuada", declaró.

En este sentido, Díaz subrayó que es crucial reformar el actual sistema de despido, que fija indemnizaciones de manera anticipada, y que resulta incompatible con lo que establece la normativa europea. “La ley española no puede seguir dictando el precio del despido sin evaluar la situación personal del trabajador involucrado”, enfatizó.

Finalmente, la ministra manifestó que sería beneficioso implementar la recuperación de los salarios de tramitación, lo que ayudaría a mitigar el impacto económico de los despidos en los trabajadores mientras se dirimen sus casos en los juzgados. “La tardanza en la resolución de estos casos es inaceptable y la regulación actual no cumple con las disposiciones europeas”, concluyó, llamando a la patronal a reconsiderar su postura y actuar con una mentalidad más acorde a los tiempos actuales.