La lideresa de la formación política Sumar, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado una hoja de ruta con cuatro reformas fundamentales para España: fiscalidad, productividad, reforma empresarial y control, vigilancia y limitación de los beneficios de las empresas, en la última jornada del 45 aniversario del diario 'Cinco días'.

Díaz ha abogado por hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, aumentar la progresividad en el IRPF, elevar la aportación de las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades e "innovar" en otras fórmulas tributarias que hagan de la fiscalidad española "feminista".

La vicepresidenta ha defendido la necesidad urgente de hacer una reforma estructural de los ingresos públicos en España y ha enfatizado las dificultades de una economía con estructuras tributarias que no reflejan la realidad económica. Asimismo, ha criticado al PP por abogar por rebajas impositivas y ha llamado a introducir "justicia" retributiva para evitar que grandes empresas paguen menos impuestos que pequeños negocios.

Además, Díaz ha destacado la importancia de controlar los márgenes empresariales ante la "crisis de inflación sin precedentes" en España y ha defendido la necesidad de un Observatorio de control y vigilancia de los márgenes empresariales para alcanzar "un acuerdo de país" en el que controlar los beneficios de las empresas sea una nueva forma de hacer las cosas en la vida pública y mejore la vida de la gente.

Otra de las reformas planteadas por Díaz tiene que ver con el "enorme problema" de la productividad en España, y ha abogado por seguir las recomendaciones de la Unión Europea y crear un Consejo de Productividad en España, donde empresas, sindicatos, administraciones públicas y académicos puedan plantear aquellas medidas más eficaces que permitan mejorar la productividad en el país.

La cuarta y última reforma prioritaria para Díaz es la remodelación del marco empresarial para democratizar las empresas en España. Asimismo, ha abogado por acometer una reforma que permita reducir la "inaceptable" temporalidad en el sector público y establecer el principio de la estabilidad en el empleo.

Finalmente, ha pedido al PP que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral y ha abogado por reformar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para modernizarla.