La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha revelado un ambicioso plan legislativo que busca otorgar mayor representación a los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, en función del tamaño de sus plantillas. Esta iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo por democratizar las estructuras empresariales y potenciar la voz de quienes realmente hacen funcionar estas organizaciones.

Durante la presentación de un informe elaborado por un grupo internacional de expertos sobre la democracia en el lugar de trabajo, Díaz afirmó que “una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía”. Este pronunciamiento destaca la necesidad de incluir a los trabajadores en la toma de decisiones estratégicas que afectan sus vidas laborales.

El informe señala una carencia significativa en la gobernanza corporativa en España, donde, a pesar de tener un marco legal que promueve la participación en el trabajo, las promesas del artículo 129.2 de la Constitución no se han materializado adecuadamente. Este artículo establece que los poderes públicos deben fomentar formas de participación en el ámbito empresarial y facilitar el acceso a la propiedad por parte de los trabajadores.

Díaz expresó su compromiso con el cumplimiento del acuerdo de coalición y la Constitución, al indicar que su departamento desarrollará una ley pionera para regular la democratización de las empresas en España. Esta iniciativa se llevará a cabo mediante un diálogo abierto con los agentes sociales, logrando así una mesa de negociación inclusiva.

Isabelle Ferreras, presidenta del comité de expertos, subrayó que España está entre los países que menos reconocen legalmente los derechos de representación de los trabajadores. A pesar de la existencia de comités de empresa, los derechos vigentes son insuficientes para asegurar una participación efectiva en las decisiones corporativas.

Según Ferreras, dieciocho de los veintisiete países de la Unión Europea ya han legislado a favor de la inclusión de trabajadores en los consejos de administración, dejando a España rezagada. Para remediar esta situación, los expertos proponen reforzar el marco de los comités de empresa y garantizar que los trabajadores tengan voz y voto en cuestiones que les afectan, como la implementación de inteligencia artificial en sus lugares de trabajo.

Una de las propuestas incluye la creación de un índice que permita evaluar el grado de democratización en las empresas mediante escalas que midan el acceso a la voz y a la propiedad para los trabajadores. Este mecanismo incentivará a las empresas a mejorar su gobernanza, vinculando recompensas fiscales a aquellos que superen ciertos estándares de participación laboral.

El informe plantea que aquellas empresas que cumplan con los estándares de gobernanza recibirán beneficios fiscales y prioridades en la contratación pública, a la vez que se penalizarán a las organizaciones que se aferren a modelos obsoletos. De esta manera, la ministra Díaz anticipó que en una década, la economía española podría estar mejor alineada con las promesas constitucionales de participación equitativa.

Para aumentar la representación de los trabajadores, el plan sugiere que un tercio de los asientos en los consejos de administración de empresas con entre 50 y 1,000 empleados sean ocupados por trabajadores, y que su representación sea del 50% en empresas con más de 1,000 empleados. Asimismo, se sugiere establecer requisitos mínimos para que los trabajadores tengan acceso a la propiedad, comenzando con un 2% en empresas pequeñas y un 10% en grandes corporaciones.

El informe también insinúa la creación de fondos ciudadanos gestionados por trabajadores para adquirir acciones en empresas que enfrentan problemas de sucesión, protegiendo así a los negocios viables de ser vendidas a inversores oportunistas. Además, se propondrán nuevas obligaciones para identificar a los inversionistas laborales en un contexto de subcontratación.

Yolanda Díaz considera que esta iniciativa representa un avance significativo en una reforma empresarial pendiente. La ministra hizo un llamado a los constitucionalistas para que apoyen este informe, subrayando que no se puede permitir una gestión empresarial ajena a los consentimientos de los trabajadores.

La ministra destaca que la participación activa de los trabajadores propiciará un incremento en la productividad, indicándole que son ellos quienes mejor comprenden cómo organizar el trabajo. Señala que muchas decisiones estratégicas afectan directamente a los empleados, pero se toman sin su participación, lo que puede tener consecuencias devastadoras en sus vidas y comunidades.

Díaz menciona ejemplos positivos de empresas en las que los trabajadores ya son parte de la toma de decisiones, tanto en el sector público como en ejemplos en el País Vasco, afirmando que estas experiencias demuestran que la inclusión no solo es viable, sino necesaria. Reitera que si la mayoría de los países de Europa han normalizado esta forma de gobernanza, es hora de que España siga su ejemplo.

Finalmente, la ministra enfatiza que los trabajadores no deben enterarse de los cambios en sus empresas a través de los medios de comunicación ni pueden seguir excluidos de las decisiones relevantes sobre cómo se utilizan las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, en sus trabajos.