En un evento celebrado este 27 de enero en Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentó su propuesta para crear una Agencia Española del Dato de carácter público. "Es vital que frenemos el uso comercial de nuestros datos", afirmó, subrayando la necesidad de una nueva política que proteja los derechos de la ciudadanía.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Díaz enfatizó que "los datos deben ser considerados una política de Estado prioritaria", en un contexto donde "los poderosos tecnofeudales" buscan transformar nuestras democracias en "monarquías empresariales controladas por CEOS". En este sentido, se refirió explícitamente a figuras prominentes como Elon Musk y Mark Zuckerberg, catalogando esta situación como "de una gravedad supina".

La ministra hizo un análisis del modelo actual, describiéndolo como "tecnofeudal" y caracterizado por "privilegios auténticos y exclusiones palpables", en un entorno donde florecen negocios multimillonarios. A la luz de estas observaciones, Díaz abogó por una defensa sólida de los derechos laborales, manifestando que "la democracia no puede ser propiedad de nadie". Para ella, el verdadero problema radica no en Musk en sí, sino en un sistema que legitima y facilita el ascenso de figuras como él.

Consciente de la transformación digital que enfrenta la sociedad, Yolanda Díaz alentó la adopción de "una tecnología social del siglo XXI que respete los derechos contemporáneos". Reiteró que es un momento crucial para construir un mundo digital donde se prioricen los Derechos Humanos y los derechos laborales en la esfera virtual.

La vicepresidenta también discutió el papel de la tecnología en el fortalecimiento democrático, afirmando que "el reto tecnológico debe estar enfocado en liberar el tiempo de las personas y servir a la democracia". "La verdadera meta es garantizar derechos", agregó, subrayando que es posible que España lidere un nuevo entendimiento de la tecnología y la soberanía digital en el futuro.

Con una pregunta retórica, Díaz invitó a los asistentes a reflexionar: "¿Realmente somos soberanos en el ámbito digital?". A continuación, destacó que en la actualidad, "el recurso más valioso" no es otro que los datos, que actualmente se concentran en manos de gigantes como Google y Meta debido a la falta de regulación adecuada.

Como parte de su argumentación, la vicepresidenta proporcionó un ejemplo preocupante: "A partir de una simple factura de electricidad, estas empresas pueden entender nuestras vidas". En su intervención, cuestionó si España debería repensar la cuestión de la regulación de los datos, así como considerar la sostenibilidad ecológica asociada a la producción masiva de datos, lo que involucra un consumo intensivo de recursos como el agua.

Díaz señaló que "una democracia robusta debe ser capaz de gobernar los algoritmos, y no al contrario", haciendo hincapié en la necesidad de que estos sistemas estén al servicio de las personas. Insistió en la necesidad de proteger la soberanía sobre nuestros datos, reconociendo que España enfrenta "serias brechas digitales en regiones como Extremadura y Galicia, entre muchas otras".

La ministra propuso también acabar con la opacidad que rodea a los algoritmos, alineando las políticas públicas con la transparencia y negando subvenciones a quienes no cumplan estos estándares. "La ciudadanía debe tener la capacidad de decidir lo que quiere ver y escuchar, así como la información que recibe", apuntó con firmeza.

En otro frente, Díaz se mostró contundente respecto a las injerencias políticas provenientes de las poderosas oligarquías digitales en procesos democráticos, recordando la intervención reciente de Musk en las elecciones alemanas. "Es fundamental que se respete la soberanía de los países", resaltó, subrayando la importancia de mantener la integridad de nuestras democracias.

Por último, la vicepresidenta reiteró que las empresas españolas deben tener las herramientas para competir en el espacio digital. Se preguntó retóricamente: "¿De verdad queremos aceptar que Internet pertenece a cinco grandes corporaciones estadounidenses y una china?". Para culminar su discurso, enfatizó que es imperativo realizar una fuerte intervención pública que financie infraestructuras digitales accesibles, garantizando así tanto los derechos de los consumidores como la libertad de expresión.