La reciente imposición de sanciones por parte de la administración de Donald Trump ha generado gran controversia, al dirigirse específicamente al presidente colombiano Gustavo Petro y a miembros cercanos de su gobierno, incluida su esposa. Estas acciones acusan, sin pruebas claras, a Petro de tener vínculos con el narcotráfico, en un momento donde las tensiones entre Colombia y Estados Unidos han aumentado considerablemente.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), parte del Departamento del Tesoro estadounidense, ha incluido a Petro, a la primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás y a Armando Benedetti, el ministro del Interior, en su lista negra, conocida comúnmente como la lista Clinton. Esto significa que sus activos en territorio estadounidense quedarán bloqueados, complicando aún más las relaciones entre ambos países.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, ha argumentado que desde la llegada al poder de Petro, la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes. Según su declaración, esto ha resultado en un incremento del suministro de droga hacia los Estados Unidos, afectando gravemente a la población estadounidense. Bessent sostiene que bajo el liderazgo de Petro, se ha permitido el crecimiento de cárteles y se ha rechazado la necesidad de combatir esta problemática de manera efectiva.

Además, Bessent ha afirmado que las políticas de "paz total" del presidente colombiano han beneficiado a organizaciones narcoterroristas, contribuyendo a un aumento sin precedentes en el cultivo de coca. Este análisis incluye críticas a la supuesta alianza de Petro con el narcotráfico en Venezuela, particularmente con el régimen de Nicolás Maduro.

En cuanto al hijo de Petro, Nicolás, se le describe como su sucesor político y fue arrestado en 2023 por presuntas irregularidades financieras ligadas al narcotráfico, aunque actualmente se encuentra en libertad condicional mientras enfrenta un proceso judicial. Esto se suma a las preocupaciones que plantea la inclusión de Benedetti en esta lista, tras filtraciones que indican su implicación en la financiación de la campaña presidencial de Petro.

A pesar de la presión estatal, Petro ha manifestado su descontento con estas acciones, designando a un abogado estadounidense para su defensa y expresando que su compromiso en la lucha contra el narcotráfico no debería ser malinterpretado. En un mensaje cargado de ironía y determinación, declaró que no se rendirá ante las adversidades impuestas por el gobierno estadounidense.

Desde su perspectiva, Benedetti también ha defendido su inclusión en la lista, argumentando que su intención ha sido siempre proteger la dignidad nacional y cuestionando la naturaleza de las afirmaciones hechas por Washington. Él refuerza la idea de que las sanciones son un reflejo de la injusticia imperialista y la hipocresía en la lucha contra las drogas.

El contexto de esta situación se intensifica en medio de intercambios de declaraciones acaloradas entre Trump y Petro. El presidente norteamericano ha hecho intentar intimidar a Colombia, y se ha referido a Petro con términos despectivos, generando así un tumulto de reacciones tanto en Colombia como en el ámbito internacional.