En un giro notable de los acontecimientos judiciales, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se enfrenta a una posible condena de dos años y medio de cárcel por el escándalo del beso no consensuado a la futbolista Jennifer Hermoso, que ha conmocionado al mundo del deporte y más allá. Aunque Rubiales decidió no ejercer su derecho a la última palabra, la vista oral del juicio concluyó el pasado viernes en la Audiencia Nacional.

El magistrado José Manuel Fernández-Prieto ha cerrado el proceso judicial que se inició el 3 de febrero, abarcando un total de nueve sesiones en las que se escucharon testimonios clave. La discusión principal giró en torno a la cuestión del consentimiento en el beso que ocurrió durante la ceremonia de premiación del Mundial de fútbol femenino en 2023 en Sydney, un evento que ha traído a la arena pública no solo el hecho en sí, sino también el contexto de presuntas coacciones por parte de otros integrantes de la federación.

El juicio ha atraído a más de un centenar de medios de comunicación, reflejando la atención nacional e internacional sobre este caso. Los acusados, que incluyen al ex director de la Selección española Albert Luque, al ex seleccionador femenino Jorge Vilda y al ex responsable de Marketing Rubén Rivera, han insistido en que no hubo coerción alguna hacia Hermoso, aunque enfrentan penas por presuntas presiones.

Mientras Rubiales enfrenta la más severa de las acusaciones, algunas voces defensivas han tratado de minimizar el impacto de sus actuaciones. En particular, Rubiales y su defensora han argumentado que el beso fue consentido, sugiriendo que aunque Hermoso podría no haberlo deseado, eso no valida la acusación de agresión. Este razonamiento ha sido objeto de un amplio debate, poniendo en tela de juicio la noción de consentimiento en situaciones de poder desigual.

En las sesiones recientes del juicio, los abogados de los otros acusados han defendido a sus clientes, resaltando que no hubo ninguna clase de intimidación. Vilda, en particular, se ha distanciado del incidente, alegando que no presenció el beso y que su intención fue mediar con el hermano de Hermoso para encontrar una solución. Sin embargo, esta defensa ha suscitado críticas dado el contexto de las acusaciones.

Uno de los puntos más controvertidos del juicio ha sido la interpretación de lo que constituye coerción. Defensores han argumentado que las interacciones entre los acusados y Hermoso, consideradas "normales" en un ámbito profesional, no permiten hacer suposiciones de presión o amenaza. Se ha generado un debate intenso sobre la línea que separa la conducta inapropiada de la presión indebida, especialmente en contextos donde las jerarquías de poder son evidentes.

Por otro lado, la defensa de Rubén Rivera ha cuestionado la propia fundamentación de las acusaciones, sugiriendo que su cliente solo facilitó un intercambio de comunicación de manera amistosa. Este tipo de justificaciones ha llevado a reflexionar sobre los límites de la interacción profesional y la responsabilidad en el ámbito del deporte, especialmente en situaciones donde se manifiestan dinámicas de poder.

A medida que se acerque la decisión final, tanto los testigos como los acusados continuarán siendo objeto de intensa atención mediática. Este caso no solo representa un momento crucial en la política deportiva española, sino que también actúa como un microcosmos de la lucha más amplia por el respeto, la igualdad y el consentimiento en todas las facetas de la vida pública y privada.