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El caso Montoro se extenderá hasta enero de 2026 para interrogar a exministros y otros implicados.

El caso Montoro se extenderá hasta enero de 2026 para interrogar a exministros y otros implicados.

En un acto relevante para el desarrollo del 'caso Montoro', el juez Rubén Rus ha decidido extender el periodo de investigación hasta enero de 2026. Esta prórroga permite que se escuchen las declaraciones de todos los implicados en el caso, incluyendo al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, entre un grupo de alrededor de treinta personas que están bajo análisis.

Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona subraya que está a la espera de un informe crítico proveniente de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria, lo que añade peso a la decisión de extender la investigación.

El juez justifica la necesidad de esta prolongación, indicando que si no se lleva a cabo, se estaría obstaculizando el derecho de los investigados a solicitar la realización de diligencias. En su opinión, permitir que se continúe el proceso es esencial para garantizar que no se limiten las oportunidades de los involucrados de presentar pruebas o declaraciones.

Asimismo, el magistrado advierte que es probable que las declaraciones de los investigados revelen la necesidad de nuevas diligencias que actualmente no pueden ser programadas, dado que aún no se conocen los detalles de lo que cada imputado podría declarar.

Este caso, que estuvo bajo secreto de sumario durante siete años, se presenta como una investigación de gran complejidad. Rus ha señalado que se ha descubierto una presunta red que gira en torno a la consultora Equipo Económico, cofundada por Montoro, la cual, según las acusaciones, podría haber estado manipulando el proceso legislativo para favorecer a sus clientes a través de tarifas económicas.

La causa abarca una serie de presuntos delitos, incluidos cohecho, fraude administrativo, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción empresarial y falsedad documental, revelando un entramado que podría tener graves implicaciones en la gestión pública y la ética política.