El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha estado en el centro de la atención mediática tras sus recientes acuerdos contractuales. Firmó un contrato de alquiler con opción a compra por un chalet en La Alcaidesa, Cádiz, que prometía una renta mensual de 2.500 euros durante cinco años. Además, si optaba por adquirir la propiedad, el costo se fijaba en 665.000 euros. Sin embargo, este acuerdo se desmoronó tras solo unos meses de vigencia, durante los cuales Ábalos pagó un total de 7.500 euros.

Esta información fue presentada ante el Tribunal Supremo (TS) como parte de su defensa para contrarrestar las acusaciones surgidas del empresario Víctor de Aldama, quien está vinculado a la supuesta trama de corrupción conocida como el 'caso Koldo'. En su declaración, De Aldama sugirió que la propiedad era parte de un esquema de pagos irregulares a Ábalos, vinculado a la adjudicación de contratos públicos.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló que el chalet en cuestión podría haber sido concebido como un regalo, ya que gran parte del pago se realizó a través de la empresa Have Got Time, la cual es supuestamente controlada por Claudio Rivas, un socio de De Aldama.

El contrato de alquiler fue sellado el 1 de julio de 2021, estipulando no solo un alquiler mensual sino también una fianza de 5.000 euros. Al término de cinco años, el ex ministro podría haber comprado la vivienda por 665.000 euros, resta del total a descontar las cantidades ya pagadas por el alquiler.

Un análisis de las transacciones financieras demuestra ingresos de Ábalos a la empresa Have Got Time por 5.000 euros y 2.500 euros, esbozando un patrón financiero que ha despertado el interés de las autoridades fiscales. A medida que pasaron los meses, Have Got Time comenzó a requerirle el pago de meses atrasados después de que dejara su cargo como ministro.

Finalmente, el 9 de enero de 2022, se alcanzó un acuerdo de resolución del contrato en el que Ábalos renunció a la fianza y la empresa desistió de la demanda de desahucio en su contra, marcando el fin abrupto de un pacto que prometía ser a largo plazo.

El 1 de febrero de 2022, Ábalos comunicó formalmente su intención de rescindir el alquiler, argumentando que diversas situaciones "sobrevenidas" le habían impedido cumplir con el pago de las rentas. Acompañó su declaración con una serie de transferencias que atestiguan su relación comercial con la mencionada empresa.

En medio de estas circunstancias, Hacienda contactó a Ábalos para informarle sobre una significativa deuda de 65,5 millones de euros que Would Got Time tenía con la Agencia Tributaria, solicitándole detalles sobre sus "operaciones comerciales" con dicha empresa. En respuesta, Ábalos aclaró que su única vinculación con la entidad se limitaba al arrendamiento del chalet en La Alcaidesa.

El ex ministro subrayó que decidió poner fin a su relación con la propiedad debido a su “disconformidad” con el “estado del inmueble”, mencionando que ya había recibido alertas sobre problemas estructurales, como el deterioro de la piscina. Esta situación es considerada un indicio significativo por el instructor del TS, Leopoldo Puente, quien la vinculó a los posibles beneficios económicos que Ábalos podría haber recibido como contraprestación por adjudicaciones de contratos.

Ábalos proporcionó además al TS documentos relevantes, incluido el contrato de compraventa y el crédito hipotecario de una propiedad adquirida por su hijo en 2006, en la que él actúa como avalista. Este inmueble, ubicado en la provincia de Valencia, también fue parte del escrutinio por su valor financiero en medio de las acusaciones en curso.

Entre la documentación presentada, Ábalos incluyó un informe del Tribunal de Cuentas sobre la adquisición de mascarillas, así como decisiones judiciales y acciones legales en las que se ha visto involucrado. Además, contribuyó con informes que abarcan diversos eventos relacionados con el caso y los procedimientos que ha activado en la Audiencia Nacional.

Finalmente, el ex ministro no dejó de lado el 'caso Delcy', relacionado con un fallido viaje de la vicepresidenta venezolana a España en 2020, presentando informes de la Fiscalía y resoluciones del archivo de dicha causa, lo que pone de manifiesto su intención de clarificar su situación legal ante cualquier acusación.