En la jornada del miércoles, el Pleno del Congreso español se apresta a votar el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo en el caso del exministro José Luis Ábalos, una actuación que abre la puerta a que la máxima instancia judicial incremente su investigación sobre lo que ha sido denominado el 'caso Koldo', antes de que se cierre el mes.

La semana pasada, la Comisión del Estatuto del Diputado deliberó en una sesión a puerta cerrada y apoyó de manera unánime la solicitud del Tribunal Supremo destinada a investigar a Ábalos, quien ahora se desempeña como diputado del Grupo Mixto. Sin embargo, esta decisión requiere la validación en el Pleno del Congreso, un paso esencial para avanzar en el proceso.

A pesar de que el reglamento establece que la votación debe llevarse a cabo en el siguiente Pleno "ordinario", posiblemente programado para comenzar en febrero, fuentes dentro del Parlamento han indicado que los servicios jurídicos han interpretado que el lenguaje del reglamento busca evitar retrasos. Por consiguiente, no habría impedimentos para que la votación se realice en este Pleno extraordinario, sin esperar al inicio de la nueva sesión en febrero.

Sin embargo, es importante señalar que el debate sobre los suplicatorios en el Congreso también se llevará a cabo sin participación pública, celebrándose el hemiciclo a puerta cerrada y careciendo de la necesaria transparencia. Solo se difundirá el resultado de la votación. En situaciones similares anteriores, es probable que Ábalos solicite la oportunidad de presentarse y explicarse ante sus colegas parlamentarios.

Durante la votación, los representantes no están obligados a seguir instrucciones explícitas, dado que su sufragio es secreto. No obstante, dado que todos los grupos políticos ya respaldaron el concedido suplicatorio en la comisión, parece casi garantizado que la aprobación se logrará con una amplia mayoría.

Manuel Cobo, presidente de la comisión y miembro del Partido Popular, enfatizó el martes que se había realizado un "buen trabajo" al seguir "todos los procedimientos" adecuados y ofrecer la oportunidad al diputado involucrado de presentar sus argumentos. El exministro no solo brindó explicaciones de manera verbal el lunes, sino que también presentó alegaciones que abarcan 88 páginas.

Ábalos, en su intervención ante la comisión, afirmó haber sido objeto de una "operación" que busca vincularlo al caso de su exasesor Koldo García, manifestando que la Policía Judicial lo investigó de manera irregular y sin la autorización pertinente del Congreso. El documento de la comisión dejará constancia de que el afectado ha denunciado irregularidades en el proceso en cuestión.

Una vez realizado el voto en el Pleno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, enviará el acuerdo correspondiente a la autoridad judicial, recordándole la obligación de informar a la Cámara sobre cualquier auto o sentencia que le afecte directamente.

Con el suplicatorio en poder del Tribunal Supremo, lo que se espera que ocurra a finales de la semana, el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, podrá iniciar formalmente la investigación sobre Ábalos, quien enfrenta "indicios suficientes" respecto a la posible comisión de al menos cuatro delitos, que incluyen integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Hasta el momento, el Congreso ha autorizado 33 suplicatorios y ha denegado 14, siendo dos de estos casos relacionados con el mismo diputado. La última ocasión en que el Congreso rechazó un suplicatorio data de 1988, en un caso sobre el derecho al honor que involucraba al exministro socialista José Barrionuevo y a un miembro de ETA por la inclusión de sus imágenes en carteles del Ministerio del Interior.

El último suplicatorio que fue aprobado sucedió en septiembre de 2022, cuando el Congreso dio luz verde al Supremo para investigar al exdiputado del PP, Alberto Casero, por presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionados con contratos que gestionó en su mandato como alcalde de Trujillo, en Cáceres.

Durante la misma legislatura, también se concedieron suplicatorios a la expresidenta de Junts, Laura Borràs, condenada por fragmentar contratos a favor de un amigo mientras era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), así como a Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos, quien fue condenado por agredir a un policía durante una manifestación. Aunque su condena fue posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional, Rodríguez no pudo recuperar su escaño después de su inhabilitación.