La bancada de Podemos ha expresado su desacuerdo con las recientes ayudas del Plan Moves III, argumentando que este se traduce en un respaldo a la compra de Tesla, en un momento de confrontación comercial con Estados Unidos, particularmente con el ex-presidente Trump.

El reciente encuentro en el Congreso de los Diputados resultó en la convalidación del decreto que extiende por un año más el Plan Moves III, un ambicioso programa de incentivos para vehículos eléctricos que cuenta con un presupuesto de 1.735 millones de euros. La mayoría de las fuerzas políticas apoyaron la iniciativa, salvo el Partido Popular, que optó por la abstención, y Vox, que se opuso rotundamente.

Este plan ofrece ayudas retroactivas desde el inicio de año, de entre 7.000 y 9.000 euros para la adquisición de coches eléctricos y el desguace de vehículos comerciales. En el caso de turismos, los beneficios llegan a 4.500 euros, que aumentan a 7.000 si se incluye el achatarramiento.

Además, el decreto extiende la deducción del 15% sobre el valor de compra de vehículos eléctricos enchufables, así como de puntos de recarga, siendo la base máxima para esta deducción de 20.000 euros, que incluirá todos los costos asociados a la compra.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, instó a los parlamentarios a apoyar el decreto, enfatizando su importancia en un contexto de crecientes tensiones comerciales debido a las tarifas impuestas por EE. UU.

Aagesen subrayó la importancia de la norma, no solo para la industria automovilística, sino también para los consumidores, asegurando que permitirá brindar estabilidad en un momento incierto. Reiteró que estas ayudas, financiadas por el Gobierno y gestionadas por las comunidades autónomas, serán efectivas hasta finales de 2025.

Durante el debate, representantes de Sumar y el PNV manifestaron su apoyo al decreto, aunque cuestionaron la burocracia relacionada y la lentitud en el proceso de electrificación en España.

Por parte de Sumar, la diputada Júlia Boada aseguró que su apoyo al decreto es "claro y rotundo", pero lamentó la necesidad de implementar reformas para optimizar la movilidad eléctrica en el país, sugiriendo que se adopten enfoques más ágiles para la concesión de ayudas y que se amplíe la red de puntos de recarga.

El PNV también demandó una mejora en los procedimientos administrativos, ya que tanto distribuidores como consumidores han denunciado demoras en el acceso a las prestaciones en varias comunidades autónomas.

Mikel Otero de EH Bildu respaldó el decreto, aunque evidenció que las deducciones fiscales no siguen el principio de "quien contamina, paga", criticando que híbridos y eléctricos reciban el mismo trato en términos de incentivos fiscales.

Inés Granollers de Esquerra Republicana se sumó a esta crítica, señalando que las opciones de deducción incluyen tecnologías que considera de transición y que no cumplen con los estándares ambientales que se buscan.

Desde Podemos, el portavoz Javier Sánchez Serna destacó que, aunque cree que la renovación del Plan Moves II es positiva, no puede dejar de lado la ineficacia en la gestión de algunas comunidades autónomas. Además, expuso su preocupación por la campaña a favor de Tesla en el actual clima de disputa comercial con EE. UU.

Josep Maria Cruset de Junts se mostró escéptico sobre la propuesta, argumentando que solo es una extensión del plan de 2024, y que el retraso acumulado ha generado incertidumbre en el sector automovilístico. Según él, esta situación ha llevado a muchos a posponer la compra de vehículos por la falta de garantías en relación a las ayudas.

La diputada socialista María Montserrat Chavarría respondió a Cruset, señalando que el retraso del decreto se debe al rechazo previo de su grupo y de Vox y el PP. Además, indicó que votaron en contra de medidas que abarcan un amplio espectro de ayudas, lo que consideró un acto de puro interés partidista.

Ricardo Chamorro, de Vox, se opuso al decreto, alegando que su enfoque no cumple con la neutralidad tecnológica y favorece únicamente los vehículos eléctricos. También subrayó que los precios de estos vehículos están fuera del alcance de la mayoría de las familias con menos recursos económicos.

Por último, el representante del PP, Paco Conde, criticó la tardanza del Gobierno en llevar el decreto al Congreso, argumentando que esta demora ha generado incertidumbre en el sector. También se sumó a las preocupaciones sobre la falta de opciones para adquirir coches eléctricos debido a sus precios y a la insuficiencia de infraestructura de recarga.