El grupo político Sumar ha instado al Gobierno a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que incluyen la eliminación de aforamientos, la regulación de asesores y la prevención de la corrupción en las fuerzas policiales.

Este martes, el Pleno del Congreso debatirá sobre la propuesta de Sumar para establecer una Oficina de Prevención de la Corrupción con poder para sancionar. Esta iniciativa, que se presentó en marzo de 2024, se enmarca dentro del Plan Anticorrupción que el Ejecutivo de coalición ha prometido poner en marcha.

En una reciente conferencia de prensa, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, enfatizó la urgencia de la propuesta a la luz de los recientes escándalos de corrupción que involucran a exlíderes del PSOE y otros miembros del partido, señalando que la situación ha evidenciado la gravedad del problema en el país.

La creación de esta nueva oficina es considerada un paso clave en la lucha contra la corrupción, así como parte de las acciones derivadas del Plan Estatal anunciado por el Gobierno. Santiago mostró satisfacción por la coincidencia entre su propuesta y las medidas anunciadas oficialmente.

El proyecto de ley de Sumar busca establecer un organismo dedicado a la prevención, investigación y sanción de la corrupción, con una estructura detallada que comprende seis títulos y varias disposiciones. Santiago reafirmó la robustez de la propuesta y expresó disposición para mejoras adicionales.

Entre las medidas más destacadas, se contempla la posibilidad de imponer multas significativas a empresas involucradas en delitos de corrupción, así como restricciones para que estas puedan contratar con la administración pública. Las sanciones para individuos también son severas, con multas que pueden alcanzar hasta 400.000 euros.

La futura oficina operaría con un enfoque de independencia total y contaría con un director ajeno a cualquier partido político. Tendría amplia autoridad para investigar, solicitar documentación y sancionar el uso indebido de fondos públicos, así como para supervisar el cumplimiento de normas dentro del sector público.

Santiago también hizo hincapié en las advertencias recientes del GRECO, que, aunque reconoce avances, destaca que España aún no ha implementado muchas de sus recomendaciones, incluyendo la necesidad de regular adecuadamente los asesores y limitar los aforamientos.

El portavoz de IU reiteró su posición de que los aforamientos deben eliminarse para asegurar un sistema judicial más justo. Además, señaló la necesidad de reforzar la prevención de la corrupción en la Policía Nacional, en línea con las sugerencias del GRECO.

Finalmente, se mencionó que persisten investigaciones y juicios relacionados con miembros del Partido Popular, así como casos de corrupción que han afectado también al PSOE. Santiago argumentó que es crucial adoptar medidas firmes para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.