El próximo martes, el Pleno del Congreso se enfrenta a una votación crucial que determinará si se considera para debate una Proposición de Ley Orgánica presentada por Vox, que tiene como objetivo prohibir el uso de velos integrales como el burka y el niqab en espacios públicos de España. Esta iniciativa ha suscitado un intenso debate acerca de la dignidad y derechos de las mujeres en el país, con el partido popular manifestando su apoyo y Sumar preparándose para oponerse enérgicamente, calificando la propuesta de retrograda.

Las posiciones de los diferentes partidos son variadas. Mientras el Partido Popular ha expresado su intención de respaldar la ley, Sumar está alineado en su rechazo, argumentando que esta ley no solo es un ataque a las libertades individuales, sino que también oculta un trasfondo de discriminación y xenofobia. Junts, por su parte, aún no ha definido su postura, aunque ya mostró su desacuerdo con el uso de tales prendas en el pasado, al rechazar una moción de Alianza Catalana que buscaba su prohibición.

La propuesta legislativa de Vox, que consta de un único artículo, establece la prohibición del uso de burka y niqab en espacios tanto públicos como privados que tengan proyección pública. Lo que sorprende aún más es la inclusión de sanciones para aquellas personas que utilicen estas prendas o presionen a otras a usarlas. José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, justificó la ley argumentando que busca liberar a las mujeres que, según él, están oprimidas por estas vestimentas, y añadió que la prohibición debería extenderse a los pañuelos o hiyab en los colegios.

Fúster, en una reciente rueda de prensa, enfatizó que no se debe permitir la presencia de islamismo en las calles de España, mostrando una clara oposición a las costumbres que considera ajenas a los valores españoles. La idea de que estas prendas limitan la libertad de las mujeres es un punto central en su argumentación. Sin embargo, esto despierta un debate más amplio sobre la autonomía de las mujeres para tomar sus propias decisiones en cuanto a su vestimenta.

En otro ámbito, Carmen Fúnez, vicesecretaria de Política Social del PP, abordó el tema del feminismo al ser cuestionada sobre las declaraciones de la presidenta de la Junta de Extremadura. Fúnez hizo énfasis en un feminismo "sin etiquetas" que no pueda incluir posturas que validen el uso del burka o niqab, considerando que estas vestimentas son incompatibles con la dignidad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

El marco de esta discusión surge justo después de que el Parlamento balear, con el apoyo de Vox, aprobara una proposición no de ley que insta al Gobierno central a implementar una prohibición similar en toda España. La diputada del PP, Cristina Gil, argumentó que permitir la cobertura total del rostro no puede ser aceptado en una sociedad que defiende los derechos humanos.

Además, el PP planea llevar esta propuesta a los ayuntamientos de Menorca y Mallorca, intentando trasladar este debate a la esfera municipal. La moción que han presentado busca que se declare la vestimenta islámica integral como una forma de opresión que vulnera derechos fundamentales. Esta estrategia parece tener la intención de aumentar la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez en este debate candente.

En el ámbito municipal, Vox no ha tenido éxito recientemente en Gijón al intentar regular el acceso a dependencias públicas ante el uso de prendas que cubren el rostro. Este es solo uno de los varios intentos fallidos de este partido en diferentes comunidades como Murcia y Madrid, donde legislaciones similares han enfrentado rechazo, incluso desde dentro de sus propias filas.

Notablemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su desacuerdo con la propuesta de Vox, sugiriendo que su enfoque podría ser una violación de las libertades individuales. En declaraciones previas, manifestó que en una sociedad libre cada individuo debería poder vestir como desee, diferenciando entre la vestimenta que puede representar un riesgo de seguridad y aquella que no.

La cuestión sobre la prohibición de estas vestimentas se enmarca en un momento clave, con el Día Internacional de la Mujer a la vuelta de la esquina. El Movimiento Feminista de Madrid ya ha comenzado a planificar actividades con el mensaje claro de que las mujeres no deben ser veladas, explotadas ni sometidas.

En resumen, las diferentes visiones en torno al uso de velos integrales en España plantean un debate sobre la libertad, la seguridad y la dignidad de las mujeres. Mientras algunos ven en la prohibición una forma de proteger los derechos de las mujeres, otros la perciben como una imposición que podría exacerbar la división y fomentar la intolerancia. Este enfrentamiento normativo seguramente se intensificará en los próximos días, a medida que se acerque la votación y se continúe con la preparación de las manifestaciones del 8 de marzo.